El coronel del Ejército Róbinson Javier González del Río, de 44 años, quien está privado de la libertad por falsos positivos y quien además es señalado de ser el cabecilla de una red de tráfico de armas en el Ejército para las bandas criminales, se identificaba en dicha organización con el alias de don Mario y seguía delinquiendo al interior de la cárcel La Picota, desde donde movía sus influencias en batallones y bases militares.
Así lo señaló en la tarde de ayer la fiscal 33 contra bandas criminales, Astrid Muñoz, en la prolongada audiencia de imputación de cargos que inició a las 2 p.m. en la sala uno del Palacio de Justicia de Montería, proceso que se trasladó a esta ciudad porque, según la investigación, fue aquí donde se ejecutaron gran parte de las entregas de armas a grupos ilegales como los Urabeños y para beneficio de reductos disidentes de AUC en otras regiones del país.
Al coronel González del Río lo involucran en la investigación con base en entrevistas de la Fiscalía con el capturado Junior García Ríos, con quien habría realizado millonarias transacciones por armas, municiones y material de intendencia. García fue interrogado por investigadores en una cárcel del país, tras haber sido capturado el 23 de noviembre del año pasado en Medellín, cuando le hallaron en su poder dos fusiles M 60 y material bélico.
Además, la Fiscalía interceptó varias llamadas en las que García y Carlos Borda Garcés, alias Juan Valdés, suboficial del ejército en el batallón de infantería 49, en Nariño, otro de los involucrados en el escándalo de las armas del Ejército, se refieren al coronel González como el jefe de las negociaciones y a quien le habrían fallado en un negocio en el que perdieron 20 millones de pesos. Sin embargo, en otras conversaciones del coronel desde La Picota, también halló la Fiscalía elementos materiales probatorios para enjuiciarlo por los delitos de concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas.
El trasteo de ametralladoras, municiones y otros elementos de guerra, se hacía por orden exclusiva del coronel González del Río, en una camioneta Chevrolet Dimax, blanca y en un camión NPR, ambos vehículos de propiedad del Ejército.
'La perrada que usábamos era que inflábamos más las llantas para que no se notara el peso de las armas. Además si la Policía detenía los vehículos los dejaban pasar porque eran del Ejército', relató a la Fiscalía, Junior García Ríos, el testigo clave.
Conductor, su mano derecha. La mano derecha del coronel González en el tráfico de las armas sería el soldado profesional José Ignacio Silva Rincón, a quien identificaban en la organización como el Primo o el Gordo y quien era el conductor de confianza del oficial.
'Este soldado era el encargado del tráfico de armas en carros oficiales del Ejército, así lo comprobamos con audios, verificaciones e interrogatorios', sostuvo la fiscal 33 contra bandas criminales.
Al cierre de esta edición la Fiscalía solicitaba cárcel para el coronel González del Río y su conductor de confianza, así como para cuatro militares activos hasta que se destapó el escándalo, quienes son: Juan Pablo Laguna Medina, suboficial del Ejército en Espinal, Tolima; quien sería el puente para la consecución de armas; Víctor Hugo Vélez Granado, suboficial del batallón Juan del Corral, adscrito a la Brigada IV de Medellín y quien según la investigación sustraía armas para los Urabeños.
Los otros involucrados son el sargento primero Gerardo Márquez Vélez, encargado del depósito de armamentos en un batallón en Nariño; y Alexander Sánchez Puerta, sargento responsable del depósito de armas en Tolemaida, desde donde - según la Fiscalía, también enviaba armas a los Urabeños.
Los civiles inmersos en el escándalo son Néstor Wilson Pinto, William Gil Monsalve, Henry Trujillo y Rodolfo Rodríguez.
