Cerca de la mitad de 19 mil personas que viven en al menos 15 comunidades ancestrales en los alrededores de la mina de níquel que explota Cerro Matoso en Montelíbano, y que están reclamando del Estado justicia social por el supuesto daño a la salud, no tienen el reconocimiento de indígenas por parte del Ministerio del Interior, y por lo tanto están excluidos de la posibilidad de reclamar determinados derechos e inversión de regalías.
Así lo advirtió la contralora general, Sandra Morelli, en medio de una reunión de seguimiento a los compromisos del Estado, de la empresa niquelera y de las comunidades, con base en un acta del pasado siete de diciembre cuando se levantó una toma a la entrada de la compañía, en Montelíbano, que tardó 40 días y que fue protagonizada por campesinos e indígenas de esa subregión.
'El planteamiento que hemos recibido de estas comunidades es para que establezcamos las causas por las cuales este procedimiento lleva 16 años y aún no se ha logrado una decisión definitiva', sostuvo Morelli.
Dijo que más que plantear si la salud se está viendo afectada por la explotación del níquel, de la carbonera, de la minería ilegal o de la artesanal, lo que hay que mirar son las razones por las que todavía hay poblaciones que teniendo las características propias para ser reconocidas como resguardo, no lo son.
Agregó que el reclamo de la comunidad de que se establezcan responsabilidades sobre el daño a la salud, con estudios minuciosos, casa a casa, en cada una de las comunidades de influencia, es válido y para ello la Contraloría pondrá lupa con el fin de verificar que ello se haga de manera estricta.
El acta de compromiso. El acta de compromiso de diciembre pasado contempló la realización a corto, mediano y largo plazo de proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de las comunidades del área de influencia directa de la operación de Cerro Matoso, en materia de salud, educación, saneamiento, habitabilidad y proyectos productivos.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional debería estar liderando actualmente, a través del Ministerio de Salud, con la participación de la Organización Panamericana de la Salud y el involucramiento de las comunidades y de Cerro Matoso, la realización de un estudio de salud ambiental, el cual estará sujeto a la verificación de un organismo internacional de reconocida idoneidad técnica.
Al respecto la contralora Sandra Morelli dijo que es prematuro establecer si eso se está cumpliendo o no, porque no se trata simplemente de un tema procedimental, sino que tiene que ver con la orientación de determinantes de la salud. Sin embargo, Morelli no esperó la conclusión de la reunión anoche en Montelíbano.
El representante jurídico de las comunidades indígenas, Javier De La Osa, reconoció que efectivamente ninguna comunidad es reconocida por el Ministerio del Interior y denunció que la resolución para conseguir dicho propósito, ha sido objeto de aplazamientos sin justa causa, por parte de la citada cartera.
Insistió que es necesario que el Mininterior agrupe a los indígenas del área de influencia de Matoso en un resguardo, que es lo que les generará sus derechos.
A su turno el gerente de Asuntos Públicos de Matoso, Carlos René Montoya, dijo que el acta de acuerdo con las comunidades indígenas, por el lado de la empresa, se está cumpliendo, lo que es totalmente distinto a las obligaciones del Gobierno nacional en materia de salud.
'Unos compromisos van más adelantados que otros, pero de todas maneras se están desarrollando', dijo Montoya.
