En un barrio de la margen izquierda de Montería, sumido en la pobreza y esperando la reparación que le prometió el Estado, permanece Edilberto Villalba, antiguo propietario y desplazado bajo la presión armada, de la finca ‘La Corona’, uno de los predios que aparece a nombre del magistrado Jorge Pretelt.
Con el temor de mostrar su rostro este campesino padre de once hijos al que la violencia obligó a vivir en la ciudad, narra que ya ha hecho la solicitud de reparación a través de la Ley de Justicia y Paz.
'Por una célula catastral me di cuenta que la finca estaba a nombre de Marta Ligia, la esposa de Pretelt, como se ha esclarecido en estos días. Yo le vendí la finca a Evelio Díaz y a él le entregué las escrituras, no puedo decir más nada de lo que no tengo conocimiento', señaló el campesino.
El predio La Corona – explicó – está específicamente en el corregimiento San José Mulatos, perteneciente a Turbo (Antioquia). Se la compró en 1986 a la pareja de esposos Pascualina Ibarra y Manuel Soto, este último fallecido.
Un día cualquiera unos paramilitares lo obligaron a ir con ellos a otro sitio, para entregarle el mensaje que 'el patrón le mandó a decir que necesitaba la finca y que la debía vender, de lo contrario se la compraban a la viuda'.
La intimidación se repitió a los pocos meses y para proteger su vida y la de sus hijos, salió desplazado hacia un pueblo llamado Cucharal, luego a Montería, donde lo ubicaron y le ofrecieron 14 millones de pesos (a 200 mil pesos la hectárea).
'El día que hicimos la promesa de venta me dieron la mitad y luego apareció un hombre y me dio los otros 7 millones de pesos. Eso fue en el 91, pero mi finca valía al menos 35 millones de pesos', relató.
Cuenta que su vida ha sido difícil en la ciudad, 'porque uno se levanta en el monte y en la ciudad no se hacer nada. A esta edad todavía trabajo como albañil, mi esposa hace bollos y tamales para vender, y con eso sobrevivimos'.
