A más de 80 mil millones de pesos asciende el desfalco que hicieron los abogados y jueces que conformaron el carrusel de la educación en Córdoba, según una investigación de la unidad Eje Temático de Corrupción en la Administración de Justicia, de la Fiscalía general de la Nación.
Así lo informó el ente investigador tras revelar que además de los allanamientos que se hicieron en Cereté, Lorica, Montería y Sahagún, también se practicaron otros en Cartagena y Barranquilla. En total,fueron 17 los detenidos entre exsecretarios de Educación, abogados y personas que ocuparon otros cargos públicos. Sin embargo, son 22 las órdenes de captura libradas por el Juzgado 79 de Control de Garantías de la capital de la República.
Los detenidos son judicializados por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Cómo operaba la red
'Estos 80 mil millones de pesos se hicieron efectivos y desde luego hubo necesidad de que la Fiduciaria y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, debieron pagar esos dineros', dijo ayer en Bogotá el director de fiscalías, Orlando Ospitia Garzón.
Ospitia Garzón declaró que la estafa necesariamente está ligada a la corrupción en la administración de justicia, en vista de que una juez civil del municipio de Lorica, dos secretarios suyos y doce abogados integran la red de la que además hacen parte funcionarios de las secretarías de Educación de dicha población y del departamento de Córdoba. El funcionario de la Fiscalía reveló que hay al menos cinco capturas pendientes, entre ella la de la juez loriquera.
El modus operandi de esta red —explicó el vocero del organismo acusador— consistía en la falsificación de documentos como resoluciones, poderes y certificaciones, con los cuales emprendían las acciones de reconocimiento de pago y ajustes de pensiones ante la juez de Lorica, quien —dijo la Fiscalía— contrariamente a la ley, ordenó el desembolso de multimillonarias sumas desde el año 2008.
La Fiscalía ayer explicó que 'durante los años 2010,2011 y 2012 se tramitaron irregularmente en el Juzgado Civil del Circuito de ese municipio, varios procesos ejecutivos laborales, para lo cual los abogados presentaban las demandas con poderes falsos así como resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba. Igualmente se hacían falsos reconocimientos de ajustes pensionales a docentes y resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005'.
De esa manera - explica el ente investigador 'los abogados constituían el título ejecutivo y, presuntamente, con la colaboración de funcionarios del juzgado, la juez de ese despacho ordenó el mandamiento de pago contra la Fiduciaria la Previsora y contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y dispuso embargarles los dineros que eran inembargables, que estaban en cuentas bancarios; decidiendo finalmente la entrega de más de $80 mil millones a los abogados'.
Segundo capítulo del carrusel. Cabe señalar que este desfalco, considerado el segundo capítulo del carrusel de la educación en Córdoba, es mayor al que descubrió la Fiscalía en 2013, cuando también fueron detenidas 13 personas entre jueces, funcionarios de varios juzgados y abogados litigantes, por desangrar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora, por valor de 65 mil millones de pesos.
Sumando los dos casos, el desfalco a los recursos de los maestros pensionados en Córdoba ya suma 145 mil millones de pesos, pero, las investigaciones de la Fiscalía permitieron establecer que la red pretendía conseguir, a través de falsos procesos ejecutivos laborales, el desembolso de más de 400 mil millones de pesos.
Tres quedaron libres
Al cierre de esta edición, un juez de control de garantías de Bogotá había ordenado la libertad de tres de los capturados: Elizabeth Burgos, exsecretaria de Educación de Lorica; la abogada Katherine Cogollo y una tercera persona que no se ha establecido.
Algunos de los otros detenidos, a quienes se les legalizó su captura, son: Álvaro Burgos del Toro, abogado; Lorenei Montes Oyola, exjuez cordobesa, y su exsecretario Mauricio Espinosa; Álvaro Narváez, de Lorica; Silvio Hoyos Saleme, Udri Mejía, Jesús Mangones, Ramón Fuentes, Gina Pérez, y Samir Chagüi, abogado de Cereté.
