Con base en varios procesos, la Fiscalía adelanta la formulación de imputación de cargos en contra de la red que defraudó en 80 mil millones al Magisterio en el departamento de Córdoba. El abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro aparece como el principal representante de las multimillonarias demandas para la obtención de títulos ejecutivos ordenados por la juez civil de Lorica, Isabel Montes Oyola, hoy prófuga de la justicia.
Según el fiscal delegado Alfredo Parada, mediante resoluciones ilegales se adelantaron procesos ejecutivos laborales por los cuales se embargaban las cuentas de la Fiduciaria La Previsora y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para que fueran reconocidas pensiones vitalicias de jubilación a favor de decenas de maestros que resultaron suplantados.
Al cierre de este edición, en la audiencia de ayer, la Fiscalía había expuesto apenas dos procesos de los más de once que conforman su acervo probatorio para imputar cargos. Dichos procesos superan los 14 mil millones de pesos, y en ambos, el jurista Burgos del Toro aparece como el titular de los poderes.
