Montería. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra los nueve ex funcionarios y contratistas del municipios costanero de los Córdobas, aprehendidos en una operación simultánea de la Fiscalía y la Policía el martes de la semana pasada, por un presunto detrimento patrimonial superior a los mil millones de pesos.
El fallo del togado declaró medida intramural solo para el extesorero de ese municipio Jorge Buscaimán, natural del corregimiento de Carrillo, San Pelayo.
Entre tanto los otros ocho fueron cobijados con medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria. Ellos son: el ex alcalde en el año 2012, época de los hechos materia de investigación, Libardo Álvarez; Jonny Galván, ex secretario de educación; Francisco Hernández, ex secretario de Planeación; Juan Dumet, interventor; y los contratistas Roger Segura, Lucely Ramos, Ana Martínez y Lucy Solano. Falta por capturar Carlos Ladeux, ex secretario de Gobierno.
Estos son algunos de los funcionarios implicados.
La decisión judicial se desprende de una investigación que, según la a directora seccional de Fiscalías en Córdoba, Liliana Figueredo, fue producto de la asignación de varios contratos sin el lleno de los requisitos legales, 'pues algunos oferentes y contratistas no tenían la experiencia e idoneidad, tanto que, se pagaron contratos sin haberse ejecutado la totalidad de la inversión, para lo que contaban con la colaboración de los secretarios de Gobierno, educación y planeación de ese entonces'.
Sobre el tesorero de la época, que fue enviado a la cárcel las Mercedes de Montería, la Fiscalía descubrió que 'realizaba contratos con rubros distintos a la destinación específica y se suscribieron convenios interadministrativos con entidades recién creadas para evadir procesos licitatorios sin invertir los dineros girados, además del sobrecosto en obras con adiciones presupuestales, lo que causó detrimento patrimonial en más de mil millones de pesos'.
Los nueve capturados y asegurados después de la legalización de capturas, se les sindica de los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado y para algunos, falsedad en documentos públicos.
