MONTERÍA. La multinacional Cerro Matoso que explota yacimientos de níquel en jurisdicción de Montelíbano tendrá que asumir los costos de un estudio médico, que debe realizar el Instituto de Medicina Legal, en toda la población del área de influencia para determinar si existe o no responsabilidad de la compañía en algunos problemas de salud asociados con afecciones en la piel y de tipo respiratorio.
Así lo determinó la Corte Constitucional a través de un fallo de tutela, en el que especifica que en la medición deberán incluirse las comunidades indígenas del alto San Jorge, así como las comunidades afro descendientes de San José de Uré.
Las quejas por la aparición de enfermedades supuestamente asociadas al tema ambiental que generaría la explotación del níquel datan de hace diez años.
La tutela fue instaurada en junio de 2013 por Javier Rubio Rodríguez, quien reclama el derecho fundamental a la salud, porque según lo que planteó en el procedimiento jurídico, desde la construcción de los hornos en 1980 'los habitantes de los municipios cercanos a la mina empezaron a percatarse de un cambio drástico del entorno, sintiendo los impactos negativos en su territorio, el medio ambiente, las fuentes hídricas y su alud'.
'Es de público conocimiento que en las áreas explotadas la empresa minera no tomó las medidas ni implementó los controles necesarios para evitar la contaminación de fuentes hídricas y que con ocasión de dicha actividad ha proliferado el cáncer y el aumento de los casos de aborto entre sus habitantes, situaciones que no obstante las quejas y denuncias de la comunidad no han sido debidamente atendidas', sostiene Rubio.
Entre tanto el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, dijo que la empresa asumirá los costos de los exámenes y recordó que fue la misma compañía la que solicitó a la Corte la realización de dichas pruebas.
'Cerro matoso está prestando toda la colaboración que el Instituto de Medicina Legal requiere para adelantar los exámenes dentro del plazo fijado por la Corte Constitucional. Existe articulación entre las dos entidades y el procedimiento se ejecutará dentro de los términos', sostuvo el presidente de la empresa.
Agregó que los exámenes que ordenó la Corte fueron solicitados por la compañía en visita de inspección entre el 4 y 5 de diciembre de 2014, 'dado que los tutelantes reclamaban afectaciones a su salud sin ninguna prueba de las mismas o que se relacionaran con las actividades de la compañía y en efecto la Corte Constitucional aceptó la razonabilidad de la prueba y ordenó a Medicina Legal practicarla', indicó Gaviria.
La propuesta de Medicina Legal consiste en realizar un muestreo representativo de 1891 personas de las comunidades aledañas a Cerro Matoso, en la subregión del San Jorge.
'La empresa Cerro Matoso se permite aclarar que las enfermedades que se presentan en esa región son las mismas de las que adolece el resto del departamento de Córdoba, presentando sus mismas morbilidades que no tienen asociación alguna con la compañía sino con las condiciones de vida del general de la población', señala el comunicado oficial de la empresa minera.
La compañía South32 comunicó hoy una serie de medidas para continuar ajustando su estructura de costos. El anuncio se hizo público luego de la presentación de los resultados semestrales de la empresa en la Bolsa de Valores de Australia.
Cerro Matoso anunció ayer que, debido a la caída del níquel reducirá su fuerza laboral en al menos 350 personas entre empleados y contratistas, lo que se ha venido dando desde hace varios meses y que culminará en junio de este año. Esa reducción equivale al 18 % de la planta total.
