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MONTERÍA. Desde un rincón del país donde sigue enfrentando el duelo familiar, Fausto Zapa Velásquez, padre del asesinado ex director de Regalías de Córdoba Jairo Zapa Pérez, envió un contundente mensaje a la sociedad cordobesa y colombiana: 'Las fuerzas oscuras, que no quieren que se sepa la verdad de los hechos, desean convertir el cadáver de mi hijo en el de un chivo expiatorio'.

'Tratan de enlodar su imagen, arrojando sobre su tumba montones de aguijones envenenados de mentiras y desconsideración, que solo buscan desviar una investigación transparente y certera para ocultar la verdad', sostiene el progenitor del ingeniero desaparecido forzosamente y asesinado el 27 de marzo de 2014, tras ser citado a una supuesta reunión de trabajo que organizaron contratistas y compañeros de su oficina en una casa de La Castellana, en Montería.

El pronunciamiento lo hizo después de conocer la denuncia de la Red Nacional de Veedurías sobre las presuntas irregularidades en un contrato por $17.300 millones para la cría de carneros en comunidades pobres de Córdoba, proyecto que consiguió y dejó firmado Zapa a través de recursos de ciencia y tecnología, y cuya ejecución –según la veeduría– no se ha efectuado siquiera en un 30%.

La iniciativa habría favorecido los intereses de Jesús Henao Sarmiento, ex contratista de la Gobernación de Córdoba que hace parte de los seis capturados y a quien la Fiscalía, en escrito de acusación, señaló como el 'autor intelectual' del homicidio.

Fausto Zapa manifestó que 'lo único' que podrá mitigar los graves perjuicios recibidos por su familia y la de su hijo será la verdad sobre los hechos y que se haga justicia, 'castigando a los verdaderos culpables de este abominable crimen'.

Juicio estancado

La semana pasada, el proceso volvió a estancarse por supuestos problemas técnicos que han tenido los defensores de los imputados para acceder a las evidencias que tiene la Fiscalía General.

La jueza penal del circuito de Montería, Carmen Arrieta, decidió que el 13 de abril retomarán el descubrimiento de los elementos materiales probatorios que tiene el ente acusador y cuya información, resumida en 140 gigabytes de memoria, no han podido ver los seis abogados de los detenidos.

Pese a que el fiscal 48 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que lleva la investigación, Carlos Pión Mayorga, se opuso al aplazamiento de las audiencias preparatorias del juicio, la jueza accedió a la solicitud de los defensores para que estudien las pruebas que tiene la Fiscalía.

El procurador 48, Fernando Burgos Támara, apoyó la decisión de Arrieta.

Chats y llamadas

En la audiencia del martes pasado quedó claro que entre las evidencias hay interceptaciones telefónicas y varios chats de los imputados y, al parecer, de otras personas que todavía no han sido vinculadas al proceso.

En el grupo de imputados como autor material del homicidio está detenido Joice Hernández Muñoz, paramilitar desmovilizado, y como coautores la compañera sentimental de este, Zuan Naidú López; Jesús Henao Sarmiento, Jesús Torres Redondo, Carlos Pérez Escobar y Maximiliano García Bazanta.

Este último fue quien en agosto de 2013 estructuró el polémico proyecto de $17.300 millones para la cría de carneros.