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Un nuevo escándalo de corrupción con 'ribetes delincuenciales'. Así califica la Contraloría General de la República, CGR, las presuntas irregularidades que halló en la Gobernación del Córdoba por pagos hechos en la Secretaría de Salud, entre 2013 y 2015, que suman $50.076 millones.

Las anomalías habrían sido cometidas a través de cuentas que pagaron por 'pacientes inexistentes' y de terapias que a pesar de que no fueron recibidas por los beneficiarios también las cancelaron.

La CGR evidenció, de acuerdo con el informe conocido por EL HERALDO, que los pagos fueron hechos utilizando los dineros del Sistema General de Participación, SGP, del sector Salud, es decir que deben ser destinados en la atención de la población vulnerable.

Ante estas presuntas millonarias irregularidades, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, dio traslado de los hallazgos a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Ministerio y a la Superintendencia de Salud, así como al Tribunal de Ética Médica. También dio a conocer las anomalías al actual mandatario cordobés Edwin Besaile Fayad.

Reveló la Contraloría que el 13 de junio pasado, Maya recibió del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus una carta en la que este le informó que presentó denuncia penal ante la Fiscalía, contra los representantes legales de las IPS que recibieron los pagos y los funcionarios que trabajaban en la Secretaría de Salud entre 2013 y 2015.

Pacientes que no existen

A través de auditorías, la entidad de control fiscal descubrió, en primera instancia, el pago irregular de $44.812 millones, lo que se constituye en un posible detrimento público, por pacientes hemofílicos 'inexistentes', exámenes de laboratorios alterados y medicamentos que nunca se suministraron

Halló la Contraloría que la Secretaría de Salud de Córdoba pagó directamente a las IPS Unidos por su Bienestar S.A.S. y San José de la Sabana S.A.S tratamientos no prestados. A la primera entidad le pagaron $39.062 millones y a la segunda $5.750 millones.

De acuerdo con el informe auditor, esos pagos se hicieron sin que mediara una EPS, es decir los pacientes aparecieron directamente sin ningún tipo de afiliación; sin verificar; sin que se verificara la prestación de los servicios; sin que existieran fallos de tutela y sin la autorización, lógicamente, del Comité Técnico de la EPS, como lo establece la normatividad vigente.

Los pagos –señala la CGR– se hicieron de la siguiente manera: $18.892 millones en la vigencia 2013, $17.012 millones en 2014 y $3.156 millones en 2015.

Las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana recibieron los pagos 'por el suministro del medicamento Inmunate Factor VIII Von Willebrand 500 UI, que no está en el POS, a 47 personas en 2013 y a 81 en 2014, presuntamente diagnosticadas con hemofilia y/o enfermedad de Von Willebrand', revela el informa de la Contraloría.

Las dos IPS favorecidas funcionaron hasta 2015, manifiesta la Contraloría General de la República.

Gestión ineficiente

Para la institución de control, fiscal, la Secretaría de Salud de Córdoba 'no aplicó' los procedimientos establecidos en las normas vigente al reconocer medicamentos y servicios considerados No Pos de los afiliados al Régimen Subsidiado.

Considera que 'tampoco implementó los controles necesarios' para detectar 'deficiencias y cobros inconsistentes o improcedentes' para, de esta manera, garantizar la correcta inversión de los recursos del SGP destinados para la población pobre no asegurada.

Los pagos autorizados por la Secretaría de Salud durante la administración de Lyons Muskus se hizo, de acuerdo con lo que encontró la Contraloría, con 'documentos posiblemente falsos' que presentaron estas las dos IPS para probar la existencia de los 'supuestos pacientes'.

Reveló la CGR que entre los documentos anexados a las cuentas de cobro figuran resultados de laboratorios clínicos y diagnósticos médicos, así como órdenes médicas en las que se prescribían las dosis correspondientes del citado medicamento. Pero los auditores encontraron que quienes aparecían certificado esos resultados dijeron que nunca lo habían hecho.

Laboratorios y diagnósticos médicos falsos

Una vez hicieron las auditorías, la Contraloría General de la República comenzó a evaluar lo encontrado y procedió a pedir las respectivas certificaciones sobre los diagnosticos de los pacientes que aparecían con hemofilia y/o la enfermedad de Von Willebrand.

Al buscar la certificación de los exámenes que aparecían con los membretes del Laboratorio Clínico y Patología Bernardo Espinoza, de Montería, y del Laboratorio Clínico de Colombia S.A. Pasteur, con sede en Barranquilla, los representantes legales de estas entidades respondieron que no habían realizado dichos exámenes. Y le anunciaron a la CGR que iban a presentar las respectivas denuncias ante la Fiscalía.

La Contraloría informó, además, que un médico internista hematólogo también le certificó que los diagnosticos que aparecen a su nombre no los suscribió, que no tenía conocimiento de esos documentos y que presuntamente nunca atendió a dichos pacientes, señala el informe entregado a EL HERALDO por la CGR.

La respuesta del hematólogo riñe con los soportes que aparecen en la Secretaría de Salud cordobesa en los que, supuestamente, el especialista validaba, con su firma y sello, los diagnosticos y ordenaba el suministro de medicamentos a los supuestos pacientes.

¿Tantos pacientes?

Con base en informes que recibió de personal médico sobre la 'hemofilia y/o enfermedad de Von Willebrand' –es hereditaria y se caracteriza por problemas de la coagulación de la sangre–, la Contraloría General llama la atención sobre que 'demográficamente es imposible' que se presenten 'simultáneamente todos estos casos en un solo Departamento', 47 enfermos en 2013 y 81 en 2014. Como ejemplo cita el caso del Cesar, similar en tamaño a Córdoba, donde en 2015 reportaron 2 casos, pero además dice la CGR que el registro de pacientes hemofílicos que tiene el Ministerio de Salud de 2013 en Córdoba habla de 13 casos. Y señala que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, de '5.000 nacimientos solo se presenta un caso de hemofilia'.

Las terapias de neurodesarrollo que pagaron sin que las hicieran

Otras irregularidades que presuntamente fueron cometidas en la Secretaría de Salud de Córdoba, según la Contraloría General de la República, tienen que ver con el pago de terapias que nunca fueron recibidas por los pacientes.

En estos casos, si bien los tratamientos fueron ordenados por un neurólogo infantil y concedidas incluso a través de tutelas, no fueron recibidos por los beneficiarios y aun así los pagaron.

'Las IPS involucradas son Funtierra IPS Ltda, Girasoles Centro Integral de Terapias y Crecer y Sonreir Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S.', señala el informe de la CGR.

A la primera le pagaron $1.345 millones, a la segunda $86 millones y a la tercera $206 millones.

Señala la entidad de control fiscal que a esos $1.637 millones se suman otros $3.626 millones pagados por tratamientos similares.

En estos casos, la Contraloría encontró que, durante la vigencia 2015, Córdoba pagó $10.160 millones facturados por concepto de terapias física, ocupacional, fonoaudiológica e integración sensoriomotriz (basadas en neurodesarrollo) y miofuncional.

'Los pagos, cargados a los recursos del SGP - Sector Salud, población pobre cubierta con subsidios a la demanda, se hicieron a favor de cuatro Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS, entre los meses de octubre a diciembre de 2014 y de enero a septiembre de 2015, en cumplimiento de fallos de tutela en los que se ordenaba la prestación del servicio, aun cuando parte de estas terapias se encuentran incluidas en el POS', manifiesta la Contraloría.

Para la CGR, los procedimientos utilizados para dichos pagos 'no corresponden a los preceptos normativos expedidos para la materia'.

La Contraloría Delegada para el Sector Social 'no evidenció gestión' de parte de la Gobernación de Córdoba para recuperar los valores pagados, que se constituirían en un posible detrimento patrimonial por $3.626 millones, suma que, a juicio de la CGR, 'ha debido ser pagada por la EPS a las que pertenecían los pacientes y no por la entidad territorial'.