En Tierralta reconocen que allí empezó la guerra hace más de medio siglo, pero ahora quieren que sea allí donde termine con la entrega de las armas de, al menos, 400 guerrilleros de los frentes 18 y 58 de las Farc, que llegarían a la vereda Gallo, uno de los ocho campamentos anunciados por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el pasado 24 de junio.
Esa guerra que ha dejado centenares de muertos y 60.000 desplazados –la mitad de la población de Tierralta– ha generado dos desmovilizaciones:
La primera, en 1996, en Puerto Frasquillo donde se entregaron 110 guerrilleros del EPL, entre ellos los comandantes Ricardo Martínez, alias Sarley, y ‘El Cura’; la segunda, fue en enero de 2005, cuando se desmovilizaron, en Santa Fe Ralito, 925 paramilitares, comandos por el extraditado Salvatore Mancuso.
Hoy lo que no quieren los tierraltences es que se repitan las 'promesas incumplidas' del Estado, como ellos las califican, en su 'afán de demostrar' que logró la paz con las Farc. Por eso y por escoger este territorio como escenario para la concentración de las Farc, la población tiene un rosario de peticiones al Gobierno.
No más errores
El alcalde Fabio Otero Avilez es el primero en advertir que 'no deben cometerse los errores de los anteriores procesos fallidos en el alto Sinú'.
'No queremos –precisa el mandatario– que nuestro Municipio esté condenado a seguir con el estigma de la guerra, la que nos ha estancado el desarrollo'.
Otero, médico ginecólogo conocedor de los problemas del Sector Salud, recuerda que la clínica que en 2004 construyeron en Santa Fe Ralito 'dejó de funcionar una vez acabó el tema mediático'. 'Hasta las dotaciones se llevaron y Ralito no tiene hoy ni un buen centro de salud', precisa.
Un hospital
La petición es que en Tierralta urge un hospital de segundo nivel, debido a que sus cerca de 130.000 habitantes cuentan sólo con el centro hospitalario San José, de primer nivel, que 'no alcanza a satisfacer' las necesidades de la población. Para colmo, allí también atienden a los habitantes de Valencia, que son unos 50.000.
'Mínimamente en el posconflicto, el Estado debería dejarnos un buen hospital porque en el que tenemos no contamos con equipos de alta tecnología para determinados procedimientos y los pacientes deben desplazarse a Montería o a otra ciudad', revela Elio de Jesús Nerio, veedor de la salud.
Por esa falta logística las urgencias tardan hasta tres horas para llegar a Montería y el 70 % de los pacientes que deben ser remitidos se mueren en el camino, acepta el Alcalde.
Tierras y créditos
Al mejoramiento de la salud se suma la falta de tierras para los campesinos. El 70% del territorio es de vocación agrícola, pero casi la misma del área está blindada por la Ley 2ª de 1959, que estableció las reservas forestales en el territorio nacional.
'Necesitamos tierras. Nuestros campesinos han perdido la sostenibilidad alimentaria porque no tienen sitios para sembrar, que es lo que saben hacer; por eso el llamado al Gobierno es que necesitamos las tierras para trabajar. Que nos saquen de la Ley 2ª', dice Fabio Otero.
Agrega que también necesitan créditos para que los campesinos que tienen la esperanza de contar con tierras puedan sostener sus cultivos, y señala que ojalá, después de la desmovilización de las Farc, no ocurra lo que pasó hace dos meses: tras el vendaval que destruyó en Tierralta 4.000 hectáreas de plátano, 2.000 de papaya y 1.000 de yuca, la 'única ayuda' que han recibido las más de 2.000 familias damnificadas han sido 150 láminas de zinc.
'No podemos permitir que se sigan burlando de nosotros. Los campesinos merecen nuevas oportunidades para volver a creer en el campo y reconstruir sus familias, después de haberlo perdido todo', enfatiza el mandatario.
De la radiografía sobre las necesidades municipales también hace parte lo que han padecido, este año, 126 familias cuyas viviendas se las ha tragado la erosión del río Sinú. En Tierralta la Corporación Autónoma Regional CVS diagnosticó 22 puntos críticos y sólo han intervenido tres.
Desnutrición infantil
Otro objetivo que debe liderar el Estado en esta zona y el alto Sinú es acabar la desnutrición de más de 2.700 niños de Tierralta, a los que se suman unos 1.300 casos de Valencia.
'No podemos estar en paz con una sociedad desnutrida, que en el mañana no será útil en nuestra región', sostiene el alcalde de Tierralta. Propone que instalen un Centro de Recuperación Nutricional que ofrezca atención adecuada a la primera infancia.
Sede unviversitaria
El apoyo del Estado para la construcción de una sede de la Universidad de Córdoba, cuyos diseños tiene la institución, es otro reclamo de los tierraltences. ¿Por qué? Aquí, de 1.200 bachilleres anuales quese gradúan, apenas 60 tienen la oportunidad de ir a estudiar en una universidad. Valencia gradúa 600 bachilleres al año y apenas 40 siguen una carrera técnica o profesional.
Frente al anuncio del campamento de las Farc y teniendo como base las frustradas experiencias, el exalcalde Humberto Santos Negrete (2004 - 2007) recomienda, en medio del escepticismo, 'no creerles tanto a los funcionarios del Gobierno Nacional porque al final quedan mal. Por lo menos eso pasó en el proceso con los paramilitares'.
'Contamos con la mala experiencia que nos dejó la desmovilización de las Autodefensas, cuando el Gobierno Nacional se comprometió con grandes obras que quedaron en nada', puntualiza Santos Negrete.
Otro reclamo: El caso de los Emberá Katíos
En la región viven cerca de 7.000 indígenas de la etnia Emberá Katío, a quienes el Estado también ha abandonado. Ellos viven sólo de los aportes mensuales producto de una indemnización de Urrá, cuando los desplazó de sus territorios para construir la represa. Sin embargo, ese convenio se vence en 2019 y a partir de allí 'serán otra carga social para el Municipio', señala el alcalde Fabio Otero.
'Queremos que se garantice una sostenibilidad a nuestros indígenas', advierte con estadísticas en mano que dan cuenta del suicidio este año de 22 indígenas.
'Lastimosamente, los enseñaron fue a darles plata y no a trabajar. La plata de Urrá se la gastan en dos días consumiendo licor y se enfrentan a 28 días de hambre. Ellos necesitan capacitaciones y garantías de sostenibilidad', acota el Alcalde.
