El juez segundo penal municipal de Montería, con función de control de garantías, José José de Los Ríos Cabrales, negó la libertad condicional por vencimiento de términos, a tres de los seis imputados en la desaparición forzada y homicidio del ex director de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, ocurrida la tarde del 27 de marzo de 2014 en Montería.
La decisión la tomó el togado al término de una audiencia que tras instalarse a las 9:15 a. m., fue suspendida a las 12:00 del mediodía y retomada a las 6:30 p. m., después de escuchar a todos los sujetos intervinientes.
Las pretensiones de una parte de la bancada de la defensa buscaban beneficiar al ingeniero Maximiliano García Bazanta, ex funcionario de la oficina de Regalías y quien fuera la mano derecha de Zapa en dicha dependencia; Jesús Albeiro Torres Redondo, técnico agroforestal; y Jesús Eugenio Henao Sarmiento, ex contratista de la Gobernación de Córdoba y a quien la Fiscalía en escrito de acusación señaló como el autor intelectual de sendos delitos.
Los tres permanecen en la cárcel nacional las Mercedes de Montería, junto con el confeso autor material, Joice Hernández Muñoz y el abogado y docente universitario Carlos Pérez Escobar, quien además era primo de la víctima. Entre tanto la única mujer involucrada en el sonado caso Zapa, Zuán Naidú López Acevedo, tiene prisión domiciliaria en Santa Marta, de donde es natural.
La solicitud de libertad por vencimiento de términos fue sustentada desde las horas de la mañana por los juristas, María Teresa Humánez Petro, defensora de Torres Redondo; Leonardo Segura, defensor de Henao Sarmiento; y Guillermo Álvarez Machacón, defensor de Maximiliano García.
Los tres penalistas coincidieron en que sus defendidos han pasado más de 240 días privados de la libertad, que es el lapso máximo que estipula el Código de Procedimiento Penal cuando los casos son competencia de la justicia especial, como lo fue la desaparición forzada y posterior homicidio del funcionario público Jairo Zapa Pérez.
Los abogados explicaron que aún con el descuento de algunos episodios de dilación y aplazamiento de las audiencias, contado desde el 1° de mayo de 2014 cuando fueron capturados, incluso desde el 9 de abril de 2015, cuando se formuló el escrito de acusación, han pasado cerca de 300 días, lo que les confirma un conteo de términos excedido en más de 50 días.
Entre tanto el juez De Los Ríos Cabrales negó la solicitud de los tres abogados penalistas y señaló que no se trata solo de sumar y restar, sino que tuvo en cuenta una multiplicidad de dilaciones y aplazamientos entre 2014 y 2016, la mayoría por excusa de los abogados de los imputados.
El abogado defensor de los padres y hermanos de Zapa, Juan Felipe Amaya, destacó que la decisión del juez 'fue muy concreta al señalar que los aplazamientos de las audiencias han sido provocados en su mayoría por la defensa'.
Por parte de los miembros de la defensa hubo una serie de argumentos para pretender la libertad condicional de sus clientes, desde mucho antes del juez dar a conocer su decisión.
Guillermo Álvarez Machacón, defensor de Maximiliano García Bazanta, quien era compañero de trabajo de Zapa en la oficina de Regalías, dijo que 'un irrespeto a la dignidad humana es no reconocer los términos procesales cuando estos se vencen', sostuvo el penalista Guillermo Álvarez Machacón, defensor de quien fuera compañero de trabajo de Zapa en Regalías, Maximiliano García Bazanta.
Insistió en que las medidas de aseguramiento no son ilimitadas y mucho menos penas anticipadas, y por lo tanto tres de los seis sindicados debían recuperar la libertad condicional, en el entendido de que el proceso no termina aquí.
Zapa fue desaparecido desde una casa del barrio la Castellana en el norte de Montería, el 27 de marzo d 2014 y posteriormente, el 5 de octubre de ese mismo año, su cadáver fue hallado en un predio rural del corregimiento La Magdalena, en Pueblo Nuevo, subregión del San Jorge. La fosa donde fue enterrado el cuerpo del ingeniero ceretano la señaló el mismo autor intelectual del homicidio, el desmovilizado de las Auc, Joice Hernández, motivado por un preacuerdo con la Fiscalía.
El mismo ente acusador dijo a finales de 2014 que el homicidio de Zapa Pérez estaría relacionado con los millonarios recursos que gestionaba (al menos 100 mil millones de pesos anuales), y que terminaban consignados a las cuentas de la Gobernación de Córdoba, a través de proyectos de ciencia y tecnología.
