El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayat, salió en defensa en las últimas horas a los intereses del ente territorial en lo referente a los recursos de regalía, cuyos presuntos malos manejos o dilapidación por 60 mil millones de pesos, descubiertos por la Fiscalía General de la Nación, han derivado medidas de aseguramiento contra cinco personas entre ex funcionarios y contratistas.
Besaile aseguró que a través de actuaciones jurídicas desarrolladas el año pasado, el ente territorial evitó el pago de 24.400 millones de pesos con la suspensión de los convenios de ciencia y tecnología que se habían suscrito con distintas entidades del orden nacional, además de la recuperación de 13.937 millones de pesos por parte de las aseguradoras.
'Esto quiere decir que se espera recuperar por sumas no canceladas y dineros de las aseguradoras 38.337 millones de pesos. Estas decisiones las tomamos respetando el debido proceso y teniendo en cuenta el derecho a la defensa, además de tener en cuenta que los convenientes no presentaron argumentos que justificaran los incumplimientos de las obligaciones', señaló el mandatario.
El Gobernador Besaile detalló que el primer convenio que se suspendió mediante resolución 001 del 14 de diciembre de 2016, declaró el incumplimiento del convenio 733 del 2013, suscrito con la Corporación de Investigación y Fomento Forestal (Conif), y Corporación de Tecnologías Ambientales Sostenibles (Ctas), cuyo objeto era la aplicación de ciencia, tecnología e innovación en carneros para mitigar efectos del TLC en Córdoba, cuyo costo fue de 17.180 millones de pesos.
La Gobernación además ordenó hacer efectiva la cláusula penal y ordenó a la aseguradora pagar al Departamento 1.601 millones de pesos.
'También ordenamos a la interventoría la liquidación del convenio. Con esta decisión se evitó pagar por parte del Departamento a los convenientes, 4.518 millones de pesos', sostuvo el Gobernador de Córdoba.
Explicó Besaile que similar decisión se tomó en lo referente al convenio 734 de 2013, sostenido con la fundación Áreas Naturales Protegidas (ANP) y con la Corporación Nacional de Investigaciones y Fomento Forestal (CONIF), cuyo objeto era una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño Córdoba - La Guajira, en la Cuenca del Río Sinú, por 51 mil millones de pesos.
La Gobernación de Córdoba declaró el incumplimiento del convenio, mediante la resolución 002 del 15 de diciembre del 2016. Así las cosas la aseguradora deberá cancelar al Departamento 9.512 millones de pesos.
'Con esta decisión se evitó pagar a las entidades con las cuales se tenía el convenio, la suma de 17. 969 millones de pesos', señaló el mandatario cordobés.
El gobernador Besaile se refirió igualmente al convenio 735 de 2013 suscrito con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia, George Dahl, cuyo objeto era la investigación de recursos hidrológicos del Caribe Colombiano, por 15 mil millones de pesos, la administración mediante resolución 001 del 20 de diciembre de 2016, declaró también el incumplimiento de dicho convenio y ordenó hacer efectiva la cláusula penal por 2.823 millones de pesos.
'Con esta decisión se evitó pagar a los contratistas 1912 millones de pesos. Esta administración evitó el pago de ciencia, tecnología e innovación por 24.400 millones de pesos, además de lo que se recuperará con las aseguradoras por 13.937 millones de pesos', concluyó Besaile.
Los asegurados
Precisamente el martes anterior el juez cuarto penal de Montería, Rafael Zuluaga Ponce, dictó medida de aseguramiento contra las cinco personas que habían sido capturadas en varias ciudades del país, sindicadas de haber participado en el desfalco a la oficina de Regalías en Córdoba, por valor aproximado de 60 mil millones de pesos.
Los asegurados son: Luis Vega González, representante legal de la corporación Ctas; Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta, quienes ya venían detenidos por el homicidio del ex director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez; Juan Agustín Gualdrón, representante legal de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif) y Miguel Benjumea Simanca, quien fue director de Regalías después del homicidio de Zapa. A los cuatro primeros les dictaron medida de aseguramiento intramural mientras que a Benjumea le dictaron detención domiciliaria, debido a que es padre cabeza de familia.
Los cinco deberán responder pos los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
