Con el argumento de que 'la erradicación también genera temor', la Mesa Municipal de Víctimas de Tierralta pidió al Gobierno que defina y sostenga las garantías de seguridad para las centenares de familias campesinas que han vivido de pequeñas plantaciones de coca, muchas alrededor de la zona campamentaria Gallo, donde empiezan a llegar las Farc y que, en el posconflicto, se someterán a los proyectos de sustitución de cultivos en el marco del Plan de Renovación Territorial (PRT).
Así lo indicó el coordinador de la Mesa de Tierralta de Víctimas del alto Sinú, Álvaro Álvarez, tras señalar que, es posible que muchas familias desprecien la oferta institucional del Estado para sembrar otros productos, por miedo a los grupos armados que siempre les han comprado la hoja de coca.
'Lo que creemos es que es posible que muchas comunidades no se acojan a la oferta del Gobierno, no porque no les parezca, sino por miedo a que puedan ser asesinados o tengan que salir desplazados de sus veredas', señaló Álvarez, quien representa a 41.700 desplazados que hay en el municipio, incluidos en el registro único de víctimas. Eso es más del 40 % de la población que tiene Tierralta.
En medio de la voluntariedad de la erradicación de los cultivos de coca en el sur de Córdoba, crece el temor de ser asesinados 'y a eso es lo que muchas veces las autoridades han llamado ajuste de cuentas, porque el campesino le hace caso a los grupos armados y violan una norma legal por cumplir una ilegal'.
En Córdoba hay 1.363 hectáreas de coca de la cuales al menos 330 están en Tierralta.
