Después de sorpresivos hallazgos a través de una auditoría, que arrojó como resultado una defraudación a los recursos del Sistema General de Seguridad Social, que ocasiona riesgo en los afiliados, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la liquidación inmediata de la EPS indígena Manexka, que cuenta con más de 210 mil afiliados en Córdoba y Sucre.
La citada autoridad sostiene que uno de los principales hallazgos tiene que ver con la venta de inmuebles de propiedad de la EPS, a la IPS indígena del mismo nombre, por valor de 600 millones de pesos, sin que se evidencie en los registros contables el valor de dicha transacción.
'A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de $240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades. El porcentaje de contratación con la IPS indígena Manexka que presta servicios de primer nivel, no es equiparable con el porcentaje de contratación que se realiza con otras instituciones que prestan servicios de mayor nivel de complejidad', indica la Súperservicios en un informe.
Agrega que la EPS no entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede en la que actualmente funciona y que de acuerdo a los libros contables asciende a $2.900 millones.
'Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud, pues aparentemente este dinero salió de los recursos que asigna el Gobierno por cada afiliado', señala el informe de la Súper.
Descubrió que además se contabilizaron ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los $13.800 millones, así como el pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización, por $304 millones; gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud, además de celebración indebida de contratos con la IPS Sumisalud S.A.S encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013 pero el contrato había iniciado desde el 1 de enero del mismo año.
'Las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagaba sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no. Adicionalmente a esta misma IPS Sumisalud S.A.S se le otorgaron anticipos y avances por $1.177 millones, a pesar de estar prohibido en el manual de contratación de la EPS', advierte la Súpersalud en su informe.
Otro de los hallazgos de la Superintendencia de Salud da cuentas de que, Manexka contrató a la empresa Montes Quality Group S.A.S el 5 de enero de 2015, a pesar de que la empresa había sido creada solo 12 días antes (24 de diciembre de 2014).
'Esto evidencia que no se tuvo en cuenta ni la idoneidad ni la experiencia para su contratación. La empresa Montes Quality Group S.A.S realizaba las funciones de auditoría de cuentas médicas, verificación de derechos de los afiliados, sistema obligatorio de garantía de la calidad y oportunidad en los servicios ofrecidos, calidad de historias clínicas. Esto se configura como una tercerización en el aseguramiento porque son actividades que debe adelantar la EPS sin que puedan ser delegadas bajo ninguna circunstancia o figura', indica el informe de auditoría.
Agrega la Súpersalud que adicionalmente se identificaron autorizaciones para la realización de procedimientos estéticos sin que existan evidencias de pago en los registros contables, y se emitieron autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por valor de $733 millones.
'Las personas que estaban al frente de esta EPS, violaron todo tipo de normas para defraudar al sistema de salud, acá se perdieron recursos importantes, se desviaron con otros fines distintos a los del aseguramiento, poniendo en riesgo a sus afiliados', aseguró Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud.
Traslado a La Fiscalía
La Superintendencia de Salud indicó que se está trabajando con la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las acciones de tipo penal, necesarias para determinar los responsables de los hechos denunciados.
'Es importante aclarar que esta es la primera vez que se ordena la liquidación de una EPS indígena, y no se hace por su condición, la cual en varias oportunidades fue utilizada por sus administradores como escudo frente a las acciones que podía adelantar esta Superintendencia', agregó el Superintendente.
Agregó que los afiliados a la EPSI Manexka serán asignados a otras EPS habilitadas para operar en la región.
