Una comisión del resguardo indígena Zenú intentará una revocatoria de la decisión de liquidación de la EPS Manexka, materializada por la Superintendencia de Salud mediante resolución 527 el martes y con cuya decisión de afectaría la prestación de los servicios en 210 mil aborígenes de Córdoba y Sucre.
Así lo manifestó el cacique mayor del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Eder Espitia, tras expresar la sorpresa de la autoridad aborigen por la decisión de la autoridad, sin antes notificarlos de los supuestos hallazgos que arrojó una auditoría.
'Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, en primera instancia, imponer un recurso de reposición a esta resolución, para ver si la Superintendencia puede considerar su decisión irrevocable', dijo Espitia.
Insistió en que, al mismo tiempo, se implementarán los mecanismos judiciales que a bien considere el equipo jurídico, entre ellos acciones de tutela, para buscar que se restablezca el servicio.
La Superintendencia entró a liquidar a Manexca el martes, a partir de presuntas irregularidades que conllevaron la defraudación a los recursos del Sistema General de Seguridad Social, entre otros aspectos, con la autorización de servicios médicos a más de 500 personas fallecidas, por valor de 733 millones de pesos.
Reacción
El cacique Eder Espitia insistió en que existe una preocupación colectiva en el resguardo Zenú, por que no se sabe qué va a pasar con los 210 mil usuarios que atiende Manexka en ambos departamentos.
'Hay un ambiente de intranquilidad por no saber qué va a pasar o cómo se va a solucionar este problema, porque la salud, asociada a la vida, es uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser humano', sostuvo el cacique.
Dijo que existe un estado de zozobra y de vulneración de los derechos de la comunidad indígena, 'que no quieren entrar a conformar parte del viacrucis en el que los trasladan de una EPS a otra y al final de cuenta se empiezan a morir en puertas de clínicas y hospitales'.
