Funcionarios de la Dijín procedentes de Bogotá, en asocio con la Fiscalía, capturaron ayer en Montería a las hermanas Mara y María Fátima Bechara Castilla, ex rectora y representante legal, respectivamente, de la Universidad del Sinú, por presuntos malos manejos en recursos de regalía administrados por esa entidad a través de contratos suministrados por la Gobernación de Córdoba en el periodo anterior, en el mandato de Alejandro Lyons Muskus .
La familia Bechara Castilla es propietaria de la Universidad del Sinú, con sedes además en Bogotá y Cartagena. Las detenidas serán presentadas en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías en Bogotá.
Las acciones de la Fiscalía se habrían derivado de un informe de auditoría que en diciembre del año pasado reveló la Contraloría General, sobre el manejo de los recursos de regalía en Córdoba, con distintas instituciones, fundaciones y corporaciones, entre ellas la Universidad del Sinú.
En la lupa del organismo de control se incluyeron cuatro proyectos que fueron asignados entre 2013 y 2015 a la Universidad del Sinú, por valor total de $23.745 millones.
La primera de las iniciativas auditadas por la Contraloría fue la que se denominó ‘Investigación y Desarrollo Aplicado de un Modelo Experimental para el Manejo Productivo y Sostenible de los Sistemas Agroforestales en el Departamento de Córdoba’, por valor de $7.882.007 millones.
El informe de auditoría sostiene que, pese a que la fecha de inicio del proyecto fue estipulada el 31 de enero de 2014 y la de entrega final el 28 de enero de 2024, la fiscalización encontró un avance financiero del 91%, mientras que el avance físico en la fecha de la investigación de campo fue del 42,5%.
El hallazgo revela que, de 300 hectáreas que, en julio de 2016 debían estar sembradas en especies de agroforestación en los municipios de Purísima, San Carlos, Sahagún, Tierralta, los Córdobas, Valencia, San José de Uré y la zona rural de Montería, solo se encontraron 120 hectáreas.
Halló la Contraloría que la institución educativa subcontrató con otras entidades 2.294 millones 445.000 pesos, lo que hizo conceptuar al organismo de control que 'a pesar que la Universidad del Sinú era la idónea para asociarse con la Gobernación de Córdoba para el cumplimento del fin del proyecto y fue eso lo que legitimó la contratación directa con ese cooperante, muchas y de las actividades fueron subcontratadas con terceros'.
El caso de la caña flecha
Otros $3.063 millones de regalías de destinaron para ejecutar el proyecto denominado ‘Desarrollo e Investigación Aplicada de un Modelo Experimental Sostenible e Innovador en la Cadena Productiva de Artesanías Derivada de la Caña Flecha en el Departamento de Córdoba’.
La fecha de inicio por un plazo de 37 meses fue el 4 de febrero de 2014, para concluir el 4 de febrero de 2017. La Contraloría halló un avance financiero del 95% con pagos realizados por 2.751 millones de pesos, pero el avance físico del proyecto es solo del 30,5 %.
Este proyecto de Caña Flecha fue planteado para los municipios de Tuchín y San Andrés de Sotavento y según la investigación que revela la Contraloría, existe incumplimiento en las actividades descritas en el Plan Operativo de Inversión. Señala que el término venció el 17 de enero, incluso en algunas el avance se estancó en el 0%.
El parque tecnológico
Tras revisar la iniciativa llamada ‘Estudio de Factibilidad del Parque Tecnológico de Sinú y San Jorge en el Departamento de Córdoba’, que recibió aportes de regalía por 2.628 $millones aprobado en acta de sesión del OCAD el 20 de diciembre de 2012, encontró la Contraloría que pese a que existe un avance físico del 91%, frente a un avance financiero del 94%, no existe evidencia de que se haya realizado dicho estudio técnico.
Otras capturas. Por temas de regalías también fueron detenidos el representante legal de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Juan Gualdrón Rueda; el representante legal de la corporación Zetas, Manuel Benjumea Simancas, quien hasta el 11 de enero pasado fue director de Regalías del Departamento; Maximiliano García Bazanta, ex funcionario de la oficina de Regalías, y Jesús Henao Sarmiento, ex contratista de la Gobernación.
