La Fiscalía confirmó que el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Soacha (Cundinamarca) impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Mara y María Fátima Bechara Castilla, copropietarias y directivas de la Universidad del Sinú, a quienes les imputaron los delitos de celebración indebida de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión.
También confirmó el organismo investigador que las hermanas Bechara Castilla serán trasladadas a la cárcel el Buen Pastor, de Bogotá, donde deberán permanecer a la espera de la etapa del juicio.
También otros tres. La misma decisión del Juzgado Tercero de Soacha cobija a otras tres personas que fueron capturadas en el mismo operativo para aprehender a las hermanas Bechara, el miércoles en Córdoba, Carlos Quinto, Isidro Suárez y Álvaro Sua Carreño.
Mara es exrectora de la Universidad del Sinú mientras que su hermana María Fátima era la rectora general, la institución además de tener la sede matriz en Montería, tiene subsedes en Cartagena y Bogotá.
La investigación de la Fiscalía está direccionada hacia dos contratos de regalía con fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2014, que suman $9.575 millones y que, según auditoría fiscal de la Contraloría General de la República, no se habrían ejecutado en su totalidad en Córdoba, pese a que el avance financiero avanzó considerablemente.
El primer convenio, de $2.996 millones se relaciona con una investigación a la cadena productiva de la caña flecha en Córdoba, que según la Contraloría, se pagó casi en su totalidad pero no avanzó físicamente conforme al avance financiero.
Entre tanto la segunda iniciativa que tiene a dos de las hermanas Bechara tras las rejas, es el que guarda relación con una investigación en los sistemas agroforestales en el Departamento, por $7.659 millones, que de acuerdo con una auditoría fiscal de la Contraloría, habría avanzado solo hasta un 40 % mientras que la plata se pagó casi en su totalidad.
La Universidad del Sinú, a través de un reciente comunicado, insistió en que 'las actuaciones de la institución en la ejecución de los convenios es transparente y apegada a la ley, y a la más estricta ética en el manejo de los dineros públicos y de los negocios'.