Desde que el pasado 12 de mayo el mandatario titular de Moñitos, Álvaro Cáceres Matoza, fue enviado a la cárcel de Sabanalarga (Atlántico), por el delito de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, tras sus presuntos nexos con la banda criminal ‘Clan del Golfo’, este municipio de la zona costanera de Córdoba permanece sin alcalde titular y lo peor es que – denuncia una coalición mayoritaria del Concejo - ninguna autoridad responde.
El concejal Sergio Negrete, sostiene que en el cargo permanece el secretario de Gobierno, José Alirio Chica Palencia, quien habría redactado él mismo el decreto para autonombrarse y permanecer en el cargo durante cinco meses, aún sin las facultades que le acaba de negar el cabildo.
'Desde entonces está como encargado el secretario de Gobierno, José Alirio Chica, quien asumió las funciones a partir de un acto administrativo que él mismo profirió, él mismo firmó, y el mismo se autonombró, no sabemos hasta donde la ley le otorgue esas facultades', precisó el cabildante Negrete.
Chica Palencia, un tanto airado respondió brevemente que 'quienes tienen respuestas a la situación de Moñitos son el Juzgado Segundo de Cartagena (donde está el proceso penal contra Cáceres Matoza) y el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad'.
El secretario y alcalde durante este mes ha orientado al municipio sin facultades, porque le fueron negadas por el Concejo, a partir de consultas que hizo la corporación ante los órganos de control y ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
El concepto de esta última indica que 'frente al ejercicio del cargo de alcalde mediante la figura del encargo por suspensión del titular será competente al respectivo Gobernador para designar temporalmente a un ciudadano del mismo grupo, partido o movimiento político del alcalde suspendido, de terna que presente el partido o movimiento político al cual pertenezca el Alcalde al momento de su elección'.
Al respecto el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, se ha mantenido en la respuesta de que debe tener una certificación de la medida de aseguramiento del alcalde electo de Moñitos, para poder proceder a solicitar la terna al grupo político, que en este caso es Mayorías Liberales. Sin embargo, existe un documento público del Centro de Servicios Judiciales de Cartagena, donde se desarrollaron las audiencias concentradas contra Cáceres, que legitima la decisión jurídica que lo tiene tras las rejas.
'En el radicado 110001-60-01276-2015-00189 se observa la decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento intramural al señor Álvaro Cáceres Matoza, por el presunto delito de concierto para delinquir', sostiene un aparte de la certificación de la citada autoridad.
Mientras tanto los habitantes de Moñitos, prácticamente sin alcalde, siguen de miradas largas esperando las grandes obras que beneficien su calidad de vida, al turismo y a la producción agropecuaria, que son las principales fuentes económicas de la localidad, ubicada a 74 kilómetros de Montería a través de una carretera en regular condición. En el campo cordobés, especialmente de las subregiones del bajo y medio Sinú, existen represadas unas 70 mil toneladas de maíz, de las 100 mil que se proyectaron en este segundo semestre del año. Es decir, que solo se ha podido comercializar un 30 % de la producción a un precio que no supera los 600 mil pesos por tonelada, mientras que en temporadas anteriores se alcanzaron precios de hasta 750 mil pesos por tonelada.
'Hemos decidido unánimemente mantener nuestras peticiones, la organización y el estado de alerta para garantizar a las miles de familias que confiaron en nuestra dirección que no transigiremos con medidas de choque insuficientes, que no representan una salida seria y estructural a la grave crisis del sector maicero de Córdoba. Mantenemos abierto el diálogo', precisa la carta del comité que representa a los productores.
Por la crisis que enfrenta el sector los maiceros de Córdoba se movilizaron el pasado 21 de este mes y bloquearon por espacio de tres horas el acceso desde y hacia Montería, para que sus peticiones fuesen escuchadas.
