Las víctimas del doble homicidio que cometió contra dos jóvenes en Montería el fiscal Mario Alonso Lora Correa, reconocen las declaraciones que entregó el jueves el fiscal general Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que los jueces de Córdoba se han declarado impedidos por cercanía o relación de amistad con el imputado, pero advierten al mismo tiempo que el caso está estancado, tanto que en lo que va de este año solo se ha realizado una sola audiencia, por la dilación que ha protagonizado la administración de justicia.
'Este año solo se ha hecho una audiencia, al parecer en Lorica hay procesos saturados y el de nosotros como que tiene menos importancia', sostuvo Hermes Suárez, hermano de Harold Suárez, una de las víctimas mortales.
LLevar el caso a Bogotá
Suárez recalca que el fiscal general debería conocer que desde hace varios meses se le ha solicitado a la Fiscalía trasladar el caso a Bogotá.
'Sentimos que aquí en Córdoba no hay garantías, qué cosa distinta podemos pensar cuando al fiscal Lora lo estaban procesando todavía por intento de homicidio cuando ya Camilo (la primera víctima) tenía seis meses de muerto, porque la segunda instancia no había resuelto una apelación que se resuelve justo cuando se había agotado todo el recurso para solicitar medida de aseguramiento', sostiene el hermano de uno de los muertos.
EL HERALDO intentó consultar al director seccional de la Judicatura de Córdoba, Alfonso De la Espriella, para conocer su posición frente a las declaraciones del fiscal Martínez, atinentes a la falta de jueces para este caso, pero no fue posible la comunicación por celular, debido a que su secretaria dijo que se encuentra en Bogotá en asuntos laborales.
El abogado defensor de las víctimas, Sergio Ramírez, advierte que es cierto lo que dice el fiscal general Martínez, en el sentido de que la gran mayoría de jueces en Montería se declararon impedidos y por eso el proceso terminó en Lorica.
Criticó el penalista que el fiscal Lora no haya sido cobijado con una medida no privativa de la libertad, 'por la falta de contundencia de la Fiscalía en la audiencia de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento'.
El caso ocurrió el 18 de junio de 2016, cuando Lora, quien era fiscal Antibacrim en Caucasia, fue a su vehículo por un arma de fuego porque supuestamente en el baño de la discoteca iban a atracar a su hijo menor de edad, con quien ingería licor en el establecimiento, y disparó casi que a quemarropa contra los jóvenes Camilo Rodríguez López, de 33 años, y Harold Suárez Rivas, de 21 años, quienes según la Policía no tenían anotaciones y mucho menos antecedentes. Tampoco se les halló arma de fuego. El fiscal Lora además hirió con un disparo a un agente de la Policía.
