A pesar de que el alcalde de Montería, Marcos Pineda y el exalcalde de esa misma ciudad, Carlos Correa, fueron dejados en libertad el pasado 23 de junio por parte de una jueza de Bogotá que no encontró probada la inferencia razonable de participación en los hechos, ambos funcionarios fueron llamados a juicio por la Fiscalía para que respondan por su presunta responsabilidad en actos de corrupción con las obras del Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora.
El ex alto consejero para las regiones, quien declinó el nombramiento que le hiciera el presidente de la República como director de Findeter hace un par de meses, y el burgomaestre, son señalados de presuntos retrasos y sobrecostos en las obras de rehabilitación del escenario deportivo.
Ambos estuvieron detenidos 163 horas, desde su captura en la capital cordobesa y Bogotá, hasta que la jueza 40 de control de garantías de la capital del país negó la solicitud de medida de aseguramiento que hizo la fiscal 92 Anticorrupción.
También fueron liberados, pero siguen vinculados a este proceso Pascual Guerrero, director del Fondo Mixto para el Deporte y Samuel Mora, interventor.
Los funcionarios fueron imputados por contrato sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y peculado a favor de terceros.
Los hechos corresponden a supuestas anomalías y sobrecostos en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado uno entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, y del 25 de junio de 2012, suscrito este otro entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del Coliseo Miguel 'Happy' Lora en la capital cordobesa, por un valor de 12.500 millones de pesos.
El Coliseo debía culminar en noviembre de 2012, pero fue entregado en el primer semestre de 2017 'con variaciones sustanciales en las obras concluidas frente a las inicialmente contratadas', advirtió la Fiscalía.
Este caso también está bajo lupa por las posibles irregularidades que habrían sido cometidas por el hoy detenido exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, en varios de los procesos que estuvo manejando desde ese cargo, en el que a cambio de dinero manipuló decisiones penales y judiciales.
