Después de atravesar una carretera empantanada para llegar a Montería, *Camillo Ramos busca ante quien denunciar que, tanto su familia como las demás restituidas en la emblemática hacienda Santa Paula, empiezan a sentir el abandono de muchas entidades comprometidas con el retorno integral.
El campesino narra que de más de 200 beneficiados con la restitución, solo 80 permanecen en sus tierras, porque el miedo no permite la estadía para vigilar los proyectos productivos, 'desde que la Policía se retiró definitivamente de la zona'. Para colmo, la vía de acceso está pésima y se estancó la promesa de electrificación.
Para este vocero campesino la falta de seguridad es el primer eslabón de la cadena de inconvenientes que tienen los restituidos de Santa Paula, símbolo del retorno en el país, toda vez que fueron las primeras tierras devueltas a sus legítimos dueños, en el marco de la Ley 1448. El mismo presidente, Juan Manuel Santos, se encargó en ese terreno, de entregar las primeras cartas de asignación en el 2013.
'La seguridad en Santa Paula está desordenada, prácticamente no existe, hay temor de acercarse porque la Policía salió de allá y si no están ellos que están armados, qué se deja para nosotros que no tenemos siquiera botas militares', precisó Camilo, mientras camina con una carpeta repleta de documentos, debajo del brazo izquierdo.
‘Sigue siendo zona roja’
El campesino advierte que esa área, entre los corregimientos de Leticia y Martinica 'sigue siendo zona roja, porque no dejan de merodear hombres que pertenecen a grupos armados por fuera de la ley, eso siempre ha sido peligroso'.
'Lo que inicialmente queremos es seguridad, el Gobierno sabe las cosas y se está haciendo el loco, pero sabe que esa zona es base militar de los grupos de Autodefensa', precisa el labriego de gorra trajinada.
Agrega que el retiro de la Policía de la zona se ha dado desde los ataques a la institución en distintas partes rurales del Departamento, lo que se denominó públicamente ‘plan pistola’ del ‘Clan del Golfo’ contra los miembros de la institución.
La denuncia de los retornantes contrasta con la orden que repiten los jueces de restitución en cada uno delos fallos, tal es el caso de la sentencia N° 4 del 21 de mayo de 2014, del Tribunal Superior de Antioquia, que ordena la devolución de predios a varias familias de esa población despojada.
'Las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional deben acompañar y colaborar en la diligencia de entrega material del bien a restituir, brindando la seguridad para la diligencia y además la que se requiera para el efectivo retorno y permanencia de los solicitantes en las parcelas', advierte el fallo de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, del Tribunal Superior de Antioquia y firmada por los magistrados Vicente Landinez, Juan pablo Suárez y Javier Castillo.
Otra de las sentencias relacionadas con el retorno a Santa Paula, la número 10 del 31 de agosto de 2017, del Tribunal Superior de Antioquia, ordena a la Policía de Montería y al Ejército 'que coordinen y lleven a cabo en forma efectiva, un programa o estrategia que ofrezca condiciones de seguridad en el corregimiento Leticia, donde se encuentran ubicadas las parcelas… para que se le brinde un oportuno y adecuado nivel de seguridad a las víctimas restituidas y así puedan tanto retornar como permanecer en su predio y disfrutar de su derecho fundamental a la libertad de locomoción, con niveles de seguridad y dignidad favorables'.
Policía desmiente la denuncia campesina
El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos Rojas Pabón, desmiente la aseveración campesina y dice que la seguridad en esa zona se mantiene, con patrullajes de los hombres que pertenecen a la Reacción Ganadera.
'Es importante y debo manifestar que la zona rural de Montería no es una o dos cuadras, es una extensión muy inmensa y lógicamente no tenemos la cobertura para atenderla en un cien por ciento, pero en la medida en que se puede ofrecemos el apoyo a los campesinos, con base también en planes de focalización', precisó el oficial.
Recalcó el coronel Rojas que 'es falso' que se retiró por completo la fuerza pública de esa zona, a raíz de los ataques que ha sufrido la Policía en el llamado ‘plan pistola’ del ‘Clan del Golfo’.
A su turno el secretario del interior de Montería, Salim Ghisays, sostuvo que se mantiene el compromiso del Ejército para ofrecer seguridad especialmente en diez corregimientos priorizados, entre ellos Leticia y Martinica, donde está ubicada la comunidad de Santa Paula.
'Se realizan patrullaje permanentemente, además lo hacen los carabineros. Sobre el retiro de la Fuerza Pública no hemos recibido las denuncias formales', sostuvo Ghisays.
La santa paula que fue de los ‘Paras’
La hacienda Santa paula, convertida ahora en parcelas de campesinos maltratados por la violencia, está conformada por 1.165 hectáreas, está ubicada a una hora de Montería, en inmediaciones del corregimiento de Leticia, y fue el resultado del desplazamiento forzado que protagonizó en la década delos 90 el entonces temible ‘clan Castaño’ de los hermanos Carlos, José Vicente y Fidel.
Las tierras quedaron en poder de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), que dirigió Sor Teresa Gómez, familiar de los Castaño y capturada en 2013 en Yumbo (Valle), tras ser considerada por el mismo Gobierno nacional como presunta integrante del llamado ejército anti restitución. Fue a través de Funpazcor que se ejerció presión armada contra los campesinos para que vendieran inmediatamente y los que se opusieron pagaron las consecuencias de su negativa con la quema de casas, animales de corral y amenazas de muerte.
El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba, Álvaro Tapia Castelli, admite que las mismas quejas que manifiesta el campesino, también las recibe él, casi que a diario, desde los beneficiados de Santa Paula.
'La comunidad nos ha informado que quisiera contar un poco más con la presencia activa de la Fuerza Pública en esa zona, dado que han tenido algunos inconvenientes con la seguridad, de acuerdo con lo que nos han manifestado. Lo que hemos hecho es facilitar algunos espacios como las mesas bilaterales, los comités de restitución para que las autoridades competentes tomen los correctivos del caso', explicó el director de la Unidad de Restitución de Tierras.
Aclara el funcionario que una vez emitida la sentencia por parte de los jueces de restitución, son muchas las órdenes que comprometen a diferentes entidades del Estado que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, incluyendo a los entes territoriales Alcaldía y Gobernación.
'Cada una de estas instituciones, dentro de las sentencias tiene una orden que cumplir, las nuestras tienen que ver con acompañamiento a la entrega material y jurídica de los predios, además del apoyo en la implementación de proyectos productivos, como lo hemos venido haciendo, y el tema de la exoneración del impuesto predial que gestionamos ante los concejos municipales, esa labor se ha desarrollado', explica Tapia Castelli.
Advierte el funcionario que el cumplimiento de los compromisos que competen a su entidad, han sido evaluados por los jueces de restitución en las audiencias de seguimiento.
Para el retorno a Santa Paula se han tramitado 230 solicitudes de restitución, y se han devuelto a sus legítimos dueños 199 predios que suman 937 hectáreas.
A escala de Córdoba un total de 777 familias han sido restituidas, de las cuales 397 han recibido tierras en Montería en Santa Paula, Cedro Cocido, Mundo Nuevo, el Levante, San Tropel y las Palomas. En Valencia se han beneficiado 347 familias en las parcelas de Villa Nueva; en Tierralta 24 en las Flores y el Cairo; 2 en Pueblo Nuevo, en Toronto y Castilleral.
El total de hectáreas entregadas a campesinos en este Departamento es de 5.848 y 35 familias han sido compensadas.
