Guillermo Pérez Ardila, representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar, una de las dos entidades a través de las cuales se habrían facturado cerca de $44.000 millones de recobro por tratamientos no POS a falsos pacientes con hemofilia, empezó a declarar ante la Fiscalía cómo operó el que hasta ahora ha sido uno de los hechos de corrupción de mayor impacto en Córdoba.
Se trata de la ‘maquiavélica’ forma como, ex funcionarios de la Gobernación de este Departamento, encabezados por el exmandatario Alejandro Lyons se quedaron con recursos de la salud para engrosar sus cuentas personales y familiares.
De acuerdo con Pérez, la estrategia consistió en identificar personas sin EPS, con la citada patología 'para poder incluirlos como beneficiados de la Gobernación' y hacer los recobros por medicamentos no POS.
'Eran, aproximadamente, 150 pacientes, de los cuales unos 85 estaban en Unidos por su Bienestar. Yo, Guillermo Pérez, pude tener contacto con 40 de ellos a quienes reunía cada fin de mes. Fue Sami Spath quien en realidad nos dio la oportunidad de poder ingresar, porque se le planteó el negocio y por intermedio del Gobernador ingresamos como prestadores del servicio', explicó Pérez ante el ente acusador.
El indiciado por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación fue beneficiado con prisión domiciliaria el pasado diciembre.
Sami Spath, a quien se refiere Pérez Ardila, fue personaje público en Córdoba señalado de ser amigo personal del ex gobernador Lyons. Está procesado por concierto para delinquir y cohecho para dar o recibir, en este mismo caso.
Una diligencia
La audiencia de acusación contra Spath, precisamente, fracasó la tarde del pasado jueves en el Palacio de Justicia de Montería, porque su abogado no pudo hacerse presente en la diligencia judicial.
‘EL 30% ERA PARA LYONS’
En el mismo relato entregado a la Fiscalía, Pérez Ardila sostiene que el 30 % del negocio era para el exgobernador Lyons, mientras que el 3 % o el 5% (dice no recordar bien) era para el entonces exsecretario de salud de Córdoba, Alfredo Aruachán Narváez.
Agrega que el total de dinero del negocio, entregado al exmandatario Lyons fue de 13 mil millones de pesos.
'Casi la mayoría de mis cuentas me las pagó Aruachán, ya el resto de utilidad después del pago de impuestos se dividía entre cuatro personas: Sami Spath, Adalberto Carrascal, Cristóbal Cabrales y mi persona', indica en su versión.
Los nombrados
Carrascal estuvo vinculado a la secretaría de salud de Córdoba, mientras que Cristóbal Cabrales es hermano del senador cordobés por el Centro Democrático, Daniel Cabrales.
Hasta el momento un solo exfuncionario ha sido condenado por este escándalo de corrupción: el excoordinador del Plan Ampliado de Inmunización (PAI) en Córdoba, Alfredo Ceballos Blanco, quien deberá pagar 106 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público.
Entre tanto, por este mismo hecho están asegurados Alfredo Aruachán Narváez (secretario de salud 2013 - 2015), Edwin Preciado Lorduy (secretario de salud 2015), Rubén Guerra Gil, Alexis Ghaines, médico epidemiólogo de la secretaría de salud; Juan David Náder, exauditor de esa entidad; y Marcela Suárez, también exauditora, quien obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.
