Si el monto ($9.000.000) por el que la Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación hubiera sido mayor, si no tuviera hijos menores y no fuera el sustento económico de sus padres, el alcalde Luis Benito Gómez Martínez, de Majagual (Sucre), estuviera en la cárcel y no en su casa, donde fue recluido este lunes.
La decisión contra el funcionario se produjo al mediodía, luego de seis días de haber sido capturado por la Sijin como presunto responsable de corrupción en un contrato para la enseñanza del idioma inglés a niños de escasos recursos de su municipio y que entre la administración 2012-2015 y la presente desfalcó al Estado por más de $500 millones.
En las audiencias concentradas al mandatario, celebradas en el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías, fue ordenada la libertad de Cindy Sabelia Gómez Arreola, tesorera de la Alcaldía de Majagual, y de Javier Enrique Beltrán Escobar, extesorero y actual asesor de presupuesto.
Ambos fueron capturados en la misma operación y responden por el mismo delito imputado al alcalde. A la primera la investigan por 'autorizar' el pago de los $9 millones 'sin verificar', como lo sostuvo la Fiscalía, que se trataba de un contrato de interventoría de papel, que buscaba desfalcar al municipio. Al segundo lo investigan por haber pagado casi la totalidad de los más de $500 millones por este contrato 'fraudulento', pese a que Carlos Pérez Sotomayor, secretario de despacho de la época, había alertado de inconsistencias por parte de la contratista.
Gómez Arreola quedó libre porque la jueza no halló indicios, por lo menos en las evidencias que llevó la Fiscalía, de que hubiera cometido el delito de peculado y por tanto no había lugar a imponerle medida de aseguramiento alguna. Lo mismo no opinó la autoridad judicial de Beltrán Escobar, quien pese a haber quedado libre, sí aparece como presunto autor del delito, pero el ente investigador no llevó evidencias para sostener la petición de que lo encarcelaran.
Es decir, ambos, aunque libres, están vinculados al proceso, la primera, con más posibilidades de derrumbar jurídicamente el señalamiento de la Fiscalía en su contra. No importó que hubiera sido almacenista en la administración de Álvaro Vanegas Cardoza, hoy prófugo de la justicia por este hecho, y que hubiera recibido incompletos los elementos de dotación de este contrato por parte de la contratista.
Y es que de esta última, Luisa Núñez Reyes, se puede decir que es uno de los cerebros del desfalco. Ya aceptó los cargos en un caso casi igual sucedido en Coveñas, que llevó a la casa por cárcel al alcalde Nilson Navaja y a otros funcionarios, y ahora espera convertirse en testigo estrella de la Fiscalía mediante el principio de oportunidad.
Para llevar al banquillo a los investigados de Majagual, el ente acusador presentó, entre otros materiales de prueba, una declaración bajo la gravedad de juramento en la que Núñez Reyes asegura que ella había cumplido con presentar los papeles en el periodo de Vanegas Cardoza para este y otros armaran el contrato y se apropiaran de los millonarios recursos.
Cuando faltaba el pago de la última cuota del contrato y a pocos días de la posesión de Gómez Martínez como nuevo alcalde, este último la llamó para pedirle $10 millones con el fin de tenerla en cuenta en su administración. Eso le aseguró ella a la Fiscalía, lo que perjudicó al alcalde al momento de la juez decidir sobre su medida de aseguramiento.
La potencial testigo también aseguró que el afán de la anterior administración por celebrar este contrato era el de financiar la campaña del alcalde actual y que la interventora solo había prestado su nombre.
La jueza analizó 22 carpetas con evidencias, razón por la que la audiencia duró casi una semana, y de allí concluyó que hay un 'entramado de corrupción' y que si el alcalde Gómez hubiera quedado libre, lo más posible es que hubiera afectado la investigación porque es la cabeza, quien ordena el gasto.
'No quiere decir que la defraudación no tenga una connotación. Estamos llamados a administrar de manera proba. De los recursos públicos no debería desaparecer ni un peso', sentenció la funcionaria judicial.
La Fiscalía apeló la decisión, pues considera que los tres implicados deben estar en la cárcel y no libres o en su casa.
