El empresario Sami Spath Storino, amigo personal del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, no asistió en la mañana de este viernes a la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, prevista para las 8:00 a. m, en el Palacio de Justicia de Montería, porque, según lo manifestó su abogado, Darío Bazzani, 'teme por su integridad'.
Spath envió una excusa con su apoderado, en la que argumenta que teme por su seguridad personal y la de su familia, a partir de mensajes que ha recibido a través de terceras personas, en el que lo estarían intimidando con lo que pueda revelar ante la justicia.
'Me dijo que le han enviado mensajes en el sentido de que por razones de la misma investigación debe tener cuidado con lo que va a decir y que lo iban a esperar a su llegada para arreglar cuentas. Esto no ha sido a través de texto o llamadas, sino por intermediarios', sostuvo el abogado Bazzani durante la audiencia.
El jurista se abstuvo de entregar declaraciones a EL HERALDO para ampliar la información sobre la situación de su cliente.
A Sami Spath Storino la Fiscalía, representada en el fiscal séptimo delegado ante el tribunal, Daniel Hernández, adscrito al CTI, le imputará los cargos de peculado en concurso homogéneo y sucesivo.
Según el ente acusador 'entre los años 2012 y 2015, Sami Spath Storino habría movido y entregado las dádivas con destino al exgobernador Lyons y a diversas personas asociadas a los hechos de corrupción detectados por la Fiscalía en Córdoba'.
Entre tanto el juez primero penal municipal de Montería, con funciones de control de garantías, Jaime Lindo Espitia, no recibió con agrado la excusa del procesado a través de su defensa, sosteniendo que se hizo 'a última hora'.
Criticó que la excusa de Spath tampoco haya sido acompañada de un soporte sobre el riesgo de amenazas.
'Él ingresó la vez pasada a este complejo judicial sin ningún inconveniente y también salió sin inconveniente', precisó el togado.
Con esta son dos veces que fracasa la imputación a Spath, toda vez que el pasado 25 de enero la diligencia debió ser suspendida por ausencia de su abogado, quien justificó por escrito compromisos adquiridos con anterioridad.
