Familiares de dos jóvenes que murieron en hechos por los que se sindica al fiscal Mario Lora Correa manifestaron su indignación por el beneficio que recibió el presunto victimario, quien fue trasladado de nuevo a Montería, tal como ejercía la noche del 18 de junio de 2016, cuando ocurrieron los hechos.
El funcionario judicial había permanecido por más de un año en Barranquilla, pero en noviembre pasado recibió la notificación que debía ejercer como fiscal delegado ante el Gaula, en una sede del ente acusador en la calle 29 con avenida Circunvalar, de la capital cordobesa.
Los fiscales delegados ante el Gaula orientan las investigaciones relacionadas exclusivamente con el delito de la extorsión.
'Esa resolución de traslado no es un documento de interés público, por lo tanto solo se le entregó a él', sostiene una fuente de la Fiscalía en Montería, que confirmó que Lora se mueve de nuevo como 'pez en el agua' por los despachos que le competen en su nuevo cargo.
La noche del 18 de junio de 2016, Lora Correa, en supuesto estado de embriaguez, le habría disparado a quemarropa a Harold Suárez Rivas y a Camilo Andrés Rodríguez, dos amigos que departían en un establecimiento público ubicado en la calle 41, por defender a su hijo, que para esa época era menor de edad.
Además, el fiscal habría herido en una mano al agente de la Policía que ya requisaba a los dos jóvenes, señalados de ser supuestos atracadores. Sin embargo, la Policía Metropolitana desvirtuó esa hipótesis, pues no les encontró anotaciones, antecedentes ni armas.
Rodríguez falleció el 3 de julio siguiente cuando era intervenido quirúrgicamente y Suárez murió el 26 de agosto en una clínica, producto de los balazos.
Para los familiares de las víctimas, el regreso del fiscal Lora a Montería, a seguir ejerciendo, constituye una 'burla' y un 'desagrado', toda vez que hasta la fecha 'no nos han hecho justicia'.
'Esto no es sorpresa, los familiares de los muertos tomamos esta noticia con mucho desagrado. Entendemos que el padre del victimario (Jairo Lora Villa, exmagistrado del Tribunal Superior de Córdoba) mueve masas judiciales y políticas en Córdoba. Sabemos que todos los beneficios que van a solicitar se les van a conceder', sostiene Hermes Suárez Rivas, hermano de Harold Suárez, una de las víctimas.
Los familiares de los fallecidos también fueron avisados del regreso del victimario a Montería, incluso, lo vieron asistir a una eucaristía especial de lunes por la noche en la iglesia del barrio Juan XXIII, en la margen izquierda del río Sinú, y también lo vieron comprando un repuesto de bicicleta en el centro.
'Lora no se baja en el Palacio de Justicia a cualquier hora, y menos si nota que hay prensa, muchas veces hace ingresar el vehículo por el parqueadero subterráneo del complejo judicial y por allí mismo sale', explica una fuente del edificio donde se imparte justicia.
Para Hermes, hermano de Harold, 'es increíble que el caso de un fiscal, que borracho asesinó a dos jóvenes, siga sin resolverse. Que el victimario esté libre y lo peor, que siga vinculado a la Fiscalía'.
Suárez criticó que la justicia reaccionó primero con el traslado para regresar a Lora a Montería, que con la solicitud de las familias de las víctimas de trasladar el caso a Bogotá y no simplemente a Lorica, como ocurrió.
El proceso estancado
Entre tanto, la audiencia preparatoria del juicio, que debe cumplirse en el Juzgado Promiscuo de Lorica, está estancada desde el año pasado, mientras los sujetos procesales aún no han sido convocados este año.
El abogado defensor de Lora Correa, Guillermo Álvarez Machacón, confirmó (aunque no entregó declaraciones) que su cliente está en Montería. Igualmente, que no ha sido fijada audiencia para continuar la diligencia, que está bajo la responsabilidad de la juez Ana Verbel.
