La Procuraduría solicitó a las autoridades de Córdoba un informe de las acciones adelantadas para prevenir los desplazamientos masivos por hechos violentos ocurridos en el sur de Córdoba y otras zonas del país.
De este modo, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, con base en una alerta de la Defensoría del Pueblo, hizo la solicitud a la Gobernación de Córdoba, al alcalde de San José de Uré, Luis José González Acosta; al comandante de la Séptima División del Ejército, general Alberto Sepúlveda Riaño y al comandante de Policía Córdoba, coronel Marcelo Napoleón Russi Cárdenas.
El requerimiento se trata de un informe sobre el conocimiento de amenazas y medidas de protección para preservar la vida de líderes comunales y de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Pedrito de San José de Uré, Córdoba, y de la población.
La idea es 'evitar el desplazamiento de 75 familias, que suman en total 375 personas, por amenazas por parte del grupo Caparrapos y enfrentamientos entre ellos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia'.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que 'evaluará las respuestas de los entes territoriales para definir la procedencia de acciones disciplinarias, si hubiere lugar'.
