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La alcaldesa de San Pelayo, María Alejandra Forero Pareja, deberá pagar cuatro días de arresto y multa de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el desacato a una tutela interpuesta por la comunidad del corregimiento las Guamas, que reclamó el mínimo vital de agua potable desde el 21 de marzo del año pasado, sin que se cumpla el fallo que le otorgó la razón a los usuarios.

Así se desprende de la decisión que tomó el Juzgado Quinto Mixto Administrativo de Montería, con base en la querella que lideró el vocero comunal Pedro Guevara García, motivado por la afectación directa de más de 5 mil coterráneos de su corregimiento. Sin embargo, las comunidades vecinas, que duplicarían el número de ciudadanos, también se afectan con la falta de bombeo del agua potable desde el acueducto en la cabecera municipal.

'La alcaldesa de San Pelayo, María Alejandra Forero Pareja, incurrió en desacato en razón del cumplimiento total de las órdenes impartidas por esta unidad judicial en el fallo de tutela del 21 de marzo de 2017. Como consecuencia de lo anterior, se le sanciona con 4 días de arresto y multa de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes', precisa el juzgado en el fallo de desacato.

EL HERALDO le marcó a la alcaldesa Forero Pareja para conocer su reacción frente a esta decisión, pero no fue posible la comunicación vía celular. Su dispositivo suena en buzón.

Agrega el organismo judicial que el arresto deberá cumplirlo la mandataria en las instalaciones de la Policía Nacional en el municipio de San Pelayo y la multa consignarla a una cuenta bancaria que está especificada en el fallo.

De acuerdo con lo indicado por el demandante, Pedro Guevara García, en esa zona rural de San Pelayo no existe un plan de manejo para el suministro de agua potable, lo que deriva en el 'sufrimiento' de los usuarios ante la falta del mínimo vital.

'Cuando se bombea, por no haber un plan de manejo el agua llega solo hasta las primeras casas, la semana anterior bombearon dos veces, pero el sistema de redes está subutilizado, no existe la estrategia para direccionar el bombeo hacia las diferentes zonas', explicó Guevara García.

Insistió el líder comunal en que 'es responsabilidad de los alcaldes municipales solucionar los problemas de agua potable en sus jurisdicciones'.

La sequía es general

El problema de falta de agua potable en la zona rural de San Pelayo es generalizada y no solo en el corregimiento que procedió a reclamar su derecho vía tutela.

Desde las poblaciones rurales de Providencia, las Lauras, Caimán, el Retiro y el Chiquí, las comunidades reportan que después de un largo tiempo sin recibir una gota de agua el año pasado, se abastecieron solo el 1° y 2 de enero, volvieron a contar con el servicio a finales de febrero, pero en lo que va de marzo no ha sido posible abrir la llave con satisfacción.