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La Fiscalía aseguró que el traslado del fiscal Mario Lora –enjuiciado por un doble crimen perpetrado en Montería en junio de 2016– de Montería al Chocó se dio tras la valoración del despacho de la vicefiscal María Paulina Riveros.

Al respecto, el director ejecutivo de la Fiscalía, José Betancourt, le dijo a EL HERALDO que el traslado del cuestionado servidor público 'se realizó por necesidades del servicio previamente valoradas por el despacho del vicefiscal'.

Agregó el alto funcionario que en la oficina de la segunda al mando del ente acusador 'se consideró que las estrategias y programas para el ejercicio de la acción penal en el mencionado departamento, se atenderían de mejor manera con el servidor Lora Correa'.

'Facultades legales'

Así mismo, aseguró Betancourt que 'este traslado obedece a facultades legales que se desprenden de la globalidad y flexibilidad de la planta de personal de la Fiscalía'.

Lora ha sido trasladado en varias oportunidades desde que se registraron los hechos, de Barranquilla a Montería, y de Montería al Chocó. 

El pasado 3 de abril la propia Fiscalía pidió investigar a Guillermo Álvarez, abogado de Lora, luego de que ese día fracasara la audiencia preparatoria de juicio contra el fiscal por una prolongada incapacidad debido a una intervención médica.

La Fiscalía solicitó compulsar copias contra el penalista por presuntas prácticas dilatorias, pero la jueza del caso se abstuvo de hacerlo y sostuvo que si en cinco días hábiles el imputado no cambiaba de abogado o delegaba a uno suplente, sería el Juzgado Penal del Circuito de Lorica que asignaría uno de oficio.

El caso

El 18 de junio de 2016, el fiscal Lora Correa, hijo del exmagistrado Jairo Lora, habría disparado en Córdoba contra Harold Suárez y Camilo Rodríguez, de 21 y 33 años, en hechos en que resultó además herido un agente de la Policía que había llegado a atender la situación. 

En medio de una serie de dilaciones por impedimentos de tres jueces en la región, un juez de control de garantías local favoreció al funcionario del ente de investigación penal con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

El proceso, por homicidio agravado en concurso homogéneo, se sigue en el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, con la titularidad de la jueza Ana Verbel López. 

Las víctimas se han quejado por la influencia de los Lora en el medio de los estrados y han criticado las demoras en la administración de justicia para tomar acciones y de la Fiscalía para mover el proceso de su funcionario.

Cuatro días después de los hechos, a Lora se le favoreció con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad, la cual lo faculta para ejercer, como lo hace, como fiscal antibacrim.