La Superintendencia de Salud informó que a través de sentencia expedida en las últimas horas (T 103 de 2018) la Corte Constitucional confirmó la liquidación definitiva de la EPS indígena Manexka, de la cual ha dependido la salud de al menos 210 mil aborígenes de la etnia Zenú, residentes en los resguardos y pueblos de Córdoba y Sucre.
Así la cosas –de acuerdo con lo indicado por la Súpersalud – el alto tribunal negó las pretensiones que a través de sendas acciones de tutela intentaron conseguir el Cabildo Mayor Regional del pueblo Zenú y el Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, a partir de los fallos emitidos por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba.
La liquidación de la EPS indígena Manexka por parte de la Superintendencia en mención, se deriva del 27 de marzo de 2017, 'debido a graves hallazgos identificados que involucraban el riesgo en atención en salud de los afiliados y los recursos del sistema de salud'.
El superintendente nacional de salud, Luis Fernando Cruz Araujo, dijo que la Corte se encargó de revisar el caso a través del criterio de lucha contra la corrupción.
'Solicitamos medidas cautelares en noviembre frente a la inconveniencia de retornar los afiliados a esa EPS, sobre la cual evidenciamos que tenía serias debilidades desde el punto de vista operativo, financiero y jurídico, que podría afectar de forma asistencial en una norme población afiliada', precisó Cruz Araujo.
Dijo el superintendente que la Corte dictaminó que no se vulneró ningún derecho de la comunidad indígena de Córdoba y Sucre, afiliada a esa entidad de salud, cuya sede central ha permanecido en San Andrés de Sotavento.
'Está en firme la liquidación de la EPS indígena y en cuanto a la consulta previa no se vulneró tampoco ningún derecho fundamental, al adelantar las medidas forzosas a la liquidación de Manexka', precisó el superintendente.
Dijo finalmente el funcionario que una vez notificada la sentencia a las comunidades, junto con el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, se hará la consulta que permita determinar si los afiliados a otras EPS ejercen el derecho de libre elección para quedarse en esas entidades o escoger otras.
Advirtió que también quedaron sin efecto los incidentes de desacato que se interpusieron contra la Superintendencia de Salud.
Entre tanto los líderes del resguardo Zenú en Córdoba y Sucre no se han pronunciado hasta el momento, tras indicar que no han sido notificados del fallo de la Corte Constitucional.
La Superintendencia entró a liquidar a Manexka en marzo de 2017, a partir de presuntas irregularidades que conllevaron a la defraudación a los recursos del Sistema General de Seguridad Social, entre otros aspectos, con la presunta autorización de servicios médicos a más de 500 personas fallecidas, por valor de 733 millones de pesos.
