La alcaldesa de Ayapel, Maricel Náder, declaró la calamidad pública por dos meses prorrogables, a raíz de la situación invernal que amenaza con desaparecer una población en esa localidad, la vereda Seheve, de 116 familias, debido al aumento del río San Jorge.
La medida, además, es motivada por las crecientes del río Cauca, con amenaza de desbordamiento en la zona rural antioqueña que es vecina del área rural de Ayapel.
El fin de la declaratoria de calamidad pública es realizar acciones administrativas y contractuales que permitan mitigar el riesgo de inundaciones en la población, donde además podría aumentar el nivel de la ciénaga que lleva el mismo nombre del municipio.
En esta localidad se mantiene la posibilidad de reubicar a los cerca de 600 pobladores de la vereda Seheve, debido a que el punto crítico sobre el río San Jorge se debilita cada vez más, mientras el nivel del torrente no disminuye.
Este es el tercero de los 30 municipios cordobeses que se declara en calamidad pública por el invierno. Antes lo hicieron Buenavista y Chimá.
180 puntos críticos
Entre tanto, mientras se recrudece el invierno la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS, reportó la existencia de 180 puntos críticos, vulnerables a rebosamiento o desbordamiento, en las riberas de los ríos Sinú y San Jorge.
De esos, 162 están en el Sinú y 18 en el San Jorge, según la estadística del director de la autoridad ambiental, José Tirado Hernández.
Por el Sinú el riesgo es latente en Tierralta, Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, y San Bernardo del Viento; mientras que por el San Jorge las localidades vulnerables serían Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista y La Apartada.
Tirado Hernández dijo que una vez actualizado el plan de acción para el tema de la erosión en los ríos, éste está en manos del Gobierno nacional, de la Gobernación y de cada uno de los municipios que están ubicados en las dos macro cuencas de este Departamento.
'De esos puntos críticos los que más preocupan están en Montería y en la subregión del Bajo Sinú, que el año pasado fue una de las zonas más golpeadas por el rebose del torrente. Afortunadamente, de la mano con la alcaldía de Lorica trabajamos en unas obras provisionales que mitigaron de alguna manera el tema de las inundaciones', precisó Tirado Hernández.
El funcionario advirtió que a escala de los municipios y del Departamento no se cuenta con los recursos para hacer obras definitivas, que en el cálculo de la autoridad ambiental estarían en los $ 500 mil millones.
'Hace un mes, aproximadamente, la CRA solicitó al Gobierno nacional para que se maneje desde esa esfera una política contra la erosión de los ríos, con el fin de permear lo departamental y lo municipal', precisó Tirado Hernández.
