Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en la cárcel Las Mercedes de Montería contra la ex juez penal del circuito de Lorica, Isabel Loreley Montes, quien fue imputada por los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación y cohecho propio.
La ex funcionaria judicial, quien estaba prófuga desde el 2015, se entregó a la justicia en Lorica, por su presunta participación en el denominado ‘carrusel de la educación’ en Córdoba, artimaña a través de la cual ex funcionarios de la secretaría del ramo en la Gobernación y funcionarios judiciales se apoderaron de unos $160 mil millones del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Montes aceptó los cargos imputados por la Fiscalía ante el juez de garantías y el togado decidió enviarla a la cárcel, mientras enfrenta el juicio.
De acuerdo con la investigación de los órganos de control y de la propia Fiscalía, la ex juez presuntamente ordenó títulos ejecutivos para favorecer la reclamación que, con falsas demandas de docentes, hicieron varios abogados mediante resoluciones ilegales y procesos ejecutivos laborales, con los que se embargaban las cuentas de la Fiduciaria la Previsora y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Para este caso la Fiscalía argumentó al menos once procesos por más de $14 mil millones como acervo probatorio para imputar cargos a la ex juez, los mismos que utilizó el 5 de octubre de 2015 cuando la ex funcionaria estaba prófuga, pero que sirvieron para señalar la presunta responsabilidad del abogado Álvaro Burgos del Toro, quien también es natural de Lorica.
Burgos fue condenado el 7 de julio del año pasado a 22 años y 8 meses de prisión por un juez de Bogotá, por los delitos de prevaricato por acción y peculado. La condena también contempla que debe pagar $ 2.400 millones de multa y lo inhabilita a 20 años.
El ‘carrusel de la educación’ se descubrió en 2014 con la captura de 17 personas, entre ellas un juez de la República, abogados y funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación de Córdoba, a través de allanamientos en Cereté, Lorica, Montería, Sahagún, Cartagena y Barranquilla.
Los hechos de corrupción habrían ocurrido entre 2010 y 2013 y consistieron en cobrar pensiones de docentes con resoluciones y poderes falsos.
