En medio de un escenario de argumentos divididos entre las partes se aplazan los diálogos entre la multinacional Cerro Matoso, que explota níquel en el suelo del San Jorge cordobés y las comunidades aledañas al área de la operación.
Las primeras reuniones de consulta previa, que según la empresa multinacional debieron realizarse este 30 y 31 de mayo, fueron aplazadas porque – sostiene la compañía – algunos de los caciques de los pueblos indígenas que residen en los alrededores de Matoso se excusaron ante el Ministerio del Interior.
Estos primeros encuentros – que se enmarca en el fallo de tutela de la Corte Constitucional, que recientemente condenó a la multinacional niquelera a reparar a los pueblos del entorno por el supuesto daño ambiental – quedaron en suspenso suspendido y aplazado para nueva fecha por definir, de acuerdo a una solicitud de las autoridades indígenas de los cabildos Unión Matoso – Pueblo Flecha, La Libertad – Puerto Colombia, Boca de Uré, Puente Uré, Guacarí – La Odisea, Torno Rojo y Centro América, y el Consejo Comunitario de San José de Uré, cuyos representantes no se presentaron a la cita en la población de Puente Uré, según la compañía.
Agrega Matoso que el fin de estas concertaciones era concretar de manera participativa entre las comunidades étnicas, la empresa Cerro Matoso y demás entidades convocadas, la ruta metodológica, las etapas y el cronograma que las partes acordarán para llevar a cabo el proceso de consulta, y en particular, para dar cumplimiento a la orden de la Corte.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Matoso, Luis Marulanda Del Valle, manifestó que, 'la compañía se declara plenamente dispuesta a iniciar el proceso de consulta previa ordenado por la Corte Constitucional, en las fechas y lugares que se concierten entre las comunidades y el Ministerio del Interior, y es respetuosa de las órdenes judiciales'.
A las reuniones habían sido convocados además los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Puerto Libertador.
'Es extraño que las comunidades hayan sido muy proactivas en defender la acción de tutela como mecanismo para la protección de sus derechos, pero a la vez, cuando la Corte Constitucional otorga las medidas de protección, son las mismas comunidades las que se niegan a asistir a las reuniones que tienen por objeto defender sus derechos. Es importante resaltar que ya han transcurrido casi dos meses desde la notificación de la sentencia que otorga un año para dar cumplimiento a este proceso consultivo', precisó el directivo de Cerro Matoso.
Comunidad desmiente
Entre tanto la comunidad beneficiada con el fallo de la Corte Constitucional desmiente la versión de la empresa minera en cuanto a los motivos del fracaso de la instalación de las consultas previas.
Así lo indicó el abogado Abelardo De La Espriella, propietario de la firma Lawyers Enterprise, que defendió los intereses de las comunidades, tras señalar que la ejecución material de la sentencia T-733, de la Corte Constitucional y con la cual fue condenada Cerro Matoso, está sujeta a que primero se constituya una relatoría especial, compuesta por Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, pero no ha sido conformada.
'Bajo ese entendido es evidente que Cerro Matoso lo que realmente ha iniciado son actividades unilaterales para ejecutar el fallo, contraviniendo las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, que pregonan sobre la participación armónica de los órganos de control, las comunidades y la empresa condenada', sostiene De La Espriella.
Se estableció además que por estos días en los que se debía realizar la primera reunión para empezar a dar cumplimiento al fallo de la Corte, las comunidades indígenas se encuentran adelantando una minga de pensamiento.
La multinacional Cerro Matoso fue condenada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de marzo, a pagar por el perjuicio a las comunidades del área de influencia, debido al presunto daño ambiental con la explotación del ferroníquel en el subsuelo de la zona rural de Montelíbano y San José de Uré, en el San Jorge cordobés.
Los beneficiados, con una suma general de unos 300 millones de dólares, serían 3 mil indígenas y al menos 100 miembros de la comunidad afro descendiente.
