La historia reciente del país no registra casos de jueces agredidos en plena audiencia o al finalizar estas, antes de que ocurriera en Montería con el juez primero penal, Jaime Lindo Espitia.
Él mismo también se dio a la tarea de investigar antecedentes de ese tipo y no los encontró, según cuenta el funcionario.
El togado, nacido en Cereté pero residenciado en Montería, sospechaba que en cualquier momento, por la inconformidad de cualquier familiar de un imputado ante sus decisiones judiciales, podría ser agredido.
Esa desconfianza la alimentaban cada día las fallas de seguridad durante las diligencias que, recalca, son ajenas a los sujetos procesales en cada audiencia concentrada o juicio y corresponden específicamente a la Policía.
Lindo Espitia el lunes anterior fue agredido con una trompada por Rodrigo Arroyo Ángel, un ingeniero mecánico monteriano, hijo de Leyla Ángel Vitola, procesada ex funcionaria del Icbf a quien la Fiscalía investiga por presunta corrupción en la ejecución de un contrato de Primera Infancia, con presunto detrimento de más de $ 2 mil millones. Por este caso también son investigadas otras ocho personas.
El juez se retiraba la toga después de negar la solicitud que hizo la defensa de la mujer, quien pretendió la libertad de su cliente (con medida domiciliaria) por presunto vencimiento de términos, cuando el hijo de la imputada se le abalanzó con el puño cerrado.
'Yo alcancé a agacharme y me pegó en el oído izquierdo, lo que hice enseguida fue invocar la presencia de la Policía y de la seguridad privada para garantizar la captura de esa persona', narra el togado en su despacho, cuatro días después de sucedido el hecho y mientras avanza la recuperación del trauma que derivó en una incapacidad médico – legal, por cinco días.
El juez no sale del asombro porque en medio de su conversación recuerda que ha realizado audiencias mucho más complejas, en las que se toman decisiones que afectan la libertad de los involucrados y en este caso se trataba de una libertad por vencimiento de términos de una ex funcionaria que cumple medida privativa pero en lugar de residencia. Explicó que a Ángel Vitola le faltaban 50 días para el beneficio legal de la excarcelación.
Jaime Lindo Espitia ha arbitrado casos mucho más complejos en términos de decisiones sobre privar de la libertad a alguien. Entre muchos procesos en los que ha actuado en derecho están, la negativa de libertad al ex contratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao, primer señalado como presunto autor intelectual del homicidio del ex director de Regalías, Jairo Zapa, ocurrido en marzo de 2014; también fue quien dictó medida de aseguramiento y ordenó la captura del abogado y mejor amigo del ex gobernador Alejandro Lyons, Sami Spath Storino, detenido en Italia, por el sonado ‘cartel de la Hemofilia’; entre otros casos complejos relacionados con bandas criminales.
Sin ganas para devolver el golpe
Lindo Espitia asegura en diálogo con EL HERALDO que no sintió impulso alguno o ganas de regresar el golpe a su agresor, apartándose de la investidura de juez.
'Tenía la idea que algo así estaba por suceder porque lamentablemente ha habido fallas de seguridad que son ajenas a la administración de justicia Previendo esa situación visualizaba la respuesta correcta que en ese primer momento fue la de invocar la presencia de la Policía o llamar la atención de la seguridad privada para evitar que el agresor abandonara el complejo judicial y perder la captura en flagrancia', explica el funcionario.
Insistió en que fue enfático en que la Policía lo capturara para dejarlo a disposición y solicitar a la Fiscalía medida de aseguramiento. Sin embargo Arroyo Ángel fue dejado en libertad la noche de este jueves por parte de la juez Mercedes Usta, con algunas restricciones no privativas, entre ellas no acercarse al Palacio de Justicia y tampoco al sitio de residencia de su víctima.
Frente a las fallas en la seguridad a las que se refirió el juez agredido, sostuvo este funcionario que existen llamados de la presidencia del Tribunal hacia la Policía, como también lo ha hecho – agrega Lindo Espitia – la seccional administrativa de la coordinación del sistema penal acusatorio.
'Se han hecho los llamados correspondientes a mejorar el servicio', precisa el togado, quien ese día se retiraba de la sala sin que estuviera cerca uno de los custodios de la Policía.
'Lo que ha pasado no es una ofensa en contra de Jaime Lindo Espitia, no es un asunto personal, eso debe quedar claro y en ese sentido no tomo acciones en represalia contra el agresor o su grupo familiar, no hay ningún resentimiento, pero en nombre de la administración de justicia elevé mi voz para que se impusiera una medida de aseguramiento que evitara que ese agresor a futuro volviera a atentar contra la rama judicial del poder público', precisó Lindo Espitia.
Dijo que acepta la decisión que tomó su colega juez, tras destacar que la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión en derecho.
Piden medidas
Frente al tema de la seguridad a la que se refiere el juez agredido, el director seccional de la judicatura de Córdoba, Alfonso De La Espriella Burgos, sostuvo que una vez sucedida la agresión envió un oficio a la Policía Metropolitana para pedir que se fortalezcan las medidas de seguridad en las salas de audiencia, a través del cumplimiento del protocolo que expidió el Consejo Superior de la Judicatura des del 2010.
'Esa norma establece que durante el desarrollo de las audiencias orales debe permanecer un policía custodio en la sala, situación que lamentablemente al finalizar esa audiencia no ocurrió. Ya el policía, al parecer se había retirado, la Policía en realidad debe prestarnos ese apoyo, porque donde se debaten derechos puede existir el riesgo para un servidor judicial', explicó De La Espriella Burgos.
