Después de conocer que la Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, por el sonado ‘cartel de la hemofilia’, el suspendido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, dijo que tiene las pruebas suficientes para seguir demostrando su inocencia.
'Eso era de esperarse, que se procediera ante la Corte Suprema, pero estamos armados de pruebas y confiando en Dios para salir victoriosos', precisó Besaile tras su retorno a Montería desde Medellín.
El mandatario dijo que una de dos cosas debían ocurrir con su caso: la preclusión o que terminara en la Corte Suprema de Justicia, que fue lo que al final sucedió.
'Ha sido insistente la Fiscalía en involucrarme en un concierto y en un peculado en lo que nada tengo que ver y así quedó demostrado ante el Tribunal de Bogotá. Yo no estuve en ese perverso juego que hubo aquí, con el llamado ‘cartel de la hemofilia’, ahora espero en Dios y estoy tranquilo', precisó Besaile.
El gobernador titular fue vinculado a una investigación por parte de la Fiscalía, luego que la Contraloría General de la República encontrara que durante el primer trimestre de su administración, pese a destaparse el escándalo del ‘cartel de la hemofilia’, habría autorizado el pago de $ 1.500 millones a la misma IPS San José de la Sabana, de Sahagún, a través de la cual ex funcionarios y ex secretarios de salud estaban desangrando el erario desde 2012.
Por esta investigación, Besaile Fayad fue separado del cargo el 18 de enero de este año por parte de la Procuraduría, mientras la Fiscalía avanza en las pesquisas, decisión que fue prorrogada por el mismo organismo de control el 17 de abril. Como gobernadora encargada permanece Sandra Devia Ruiz.
En fecha por definir, el suspendido gobernador de Córdoba deberá defenderse en audiencia de acusación por los delitos de peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, en calidad de coautor, y concierto para delinquir en condición de autor.
El ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba se le llama a la estrategia de ex secretarios de salud y ex funcionarios de la Gobernación para hacer el recobro de medicamentos de alto costo que presuntamente se le autorizaban a más de 100 falsos pacientes, y cuyo desfalco se aproximó a los $ 50 mil millones.
