Luego de cerca de un siglo de vivir en carne propia el conflicto armado, un total de 925 víctimas y sus familias en Tierralta, recibieron indemnizaciones por $4.804 millones, de los cuales $843 millones quedaron en encargos fiduciarios por tratarse de menores de edad, quienes deberán utilizar los recurso cuando cumplan la mayoría de edad.
El acto fue presidido por la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto Afanador, en representación de diez entidades el Estado que intervienen en la política pública de víctimas.
Tierralta es considerado uno de los municipios del país con el mayor tiempo en guerra, ceca de un siglo, protagonizada por las extintas Autodefensas y la recién desmovilizada guerrilla de las Farc, episodios que han dejado cerca de 60 mil víctimas en la jurisdicción. También ha sido escenario esta localidad del alto Sinú cordobés, de dos procesos de desmovilización, el de las Auc en 2005 y 2006 y el del frente 58 de las Farc, el año pasado.
'Estoy feliz de haber podido llegar a Tierralta, pero lo más importante es llegar como llegué, por tierra, sin problemas, sin escoltas, lo que demuestra que ya este municipio no es lo que era, ahora es un municipio en paz, con gente capaz de resistir, pero sobretodo capaz de perdonar', indicó Pinto Afanador.
Advirtió la directora nacional de la Unidad para las Víctimas que la indemnización que se entregó no borra lo que los violentos hicieron, 'es solo un poco de lo mucho que como sociedad les debemos, pero estoy segura que estos recursos van a contribuir para mejorar su proyecto de vida para salir adelante'.
Entre tanto el alcalde de Tierralta, Fabio Otero, destacó que el aporte del Gobierno nacional con los campesinos que sobrevivieron al conflicto es en favor de la paz de su municipio y reconoció que su localidad es otra desde la intervención del Estado.
'Tierralta es otro, nuestro municipio ha cambiado la manera de vivir, ahora cada uno puede llegar a sus hogares felizmente, ya no vemos derramar la sangre de nuestros hijos en las calles como anteriormente se veía', sostuvo Otero.
Una de las 925 víctimas beneficiadas fue Zaira Ortega, quien con 22 años relata cómo debió sufrir el desplazamiento forzado, pero lo más importante para ella es que invertirá el dinero para estudiar periodismo y poder narrar desde los medios la memoria histórica de sus paisanos campesinos.
'Tengo el propósito de seguir estudiando, quiero ser comunicadora social y estoy convencida que la educación nos lleva al desarrollo de nuestro propio futuro como jóvenes. Quiero desde el periodismo narrar las historias de superación de otras víctimas que como yo han sabido salir adelante', indicó Zaira.
La directora nacional de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto, terminó su recorrido por Córdoba con la entrega de otras 1.217 indemnizaciones a igual número de víctimas en Montelíbano y el San Jorge, por valor superior a $5.800 millones.
De ese número de víctimas en Montelíbano, 336 son menores de edad, de acuerdo con el registro de la entidad.
