Un año después de la intervención a la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, se siguen destapando los hechos de corrupción suscitados al interior de esta entidad durante la dirección administrativa de Luis Alfonso Hoyos Cartagena, quien estuvo por 12 años en ese cargo.
Siete son las denuncias de tipo penal que a la fecha reposan en la Fiscalía General de la Nación con sede en Córdoba y que han sido instauradas por el abogado Héctor Tercero Merlano Garrido.
Una auditoría forense contratada a la par con el proceso de intervención es la que ha encontrado las presuntas irregularidades que en estos momentos no solo salpican a Hoyos Cartagena sino también a otros empleados de la Caja y de su EPS que permanecen en la entidad, pero en otros cargos, así como abogados externos.
Concierto para delinquir agravado por la confianza, peculado por apropiación, prevaricato por acción, enriquecimiento ilícito de particulares, tráfico de influencias, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales, son los delitos por lo que están siendo investigados estos funcionarios.
La más reciente denuncia a la que EL HERALDO tuvo acceso deja al descubierto lo que sería el ‘cartel de los títulos judiciales’ que se fraguó, según la denuncia de Merlano Garrido, con el visto bueno del entonces director de Comfacor que le dio poder a los empleados y a los asesores externos para cobrar dichos títulos y estos dineros nunca ingresaron a las arcas de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba.
La malversación de los dineros a través de estos títulos, según el director administrativo actual, Néstor Murcia Bello, podría estar por el orden de los 10 mil millones de pesos y más.
La caja sin defensa. Adicional a eso, algunos de los abogados externos de la caja no solo se dedicaron a apropiarse de los títulos judiciales sino que también dejaron de lado la defensa técnica judicial adecuada en favor de la entidad y por cuenta de esto existen procesos en su contra que superan los 40 mil millones de pesos y que a la fecha la tienen expuesta a múltiple embargos, 'originados por la desidia de profesionales del derecho a los que se les había encomendado la representación judicial de la caja', anota Murcia Bello.
Además del presunto cartel de los títulos judiciales el abogado Merlano Garrido instauró otra denuncia, entre muchos delitos, por concierto para delinquir que involucra a Luis Alfonso Hoyos Cartagena y a seis personas más que 'se enquistaron en Comfacor con el ánimo de esquilmar su patrimonio económico y su buen nombre. Conformada no solo por los denunciados sino con la participación de otros funcionarios y con empresas prestadoras de servicios de salud, sus gerentes, representantes legales y socios', dice la denuncia.
Agrega el abogado que para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 algunos empleados de la caja utilizaron información confidencial de esta para provecho propio y de terceros 'con el ánimo de lucrarse, revelando secretos, los cuales por ética estaban obligados a guardar. Comporta lo anterior, que no solo Comfacor ha sido víctima de estos delincuentes de ‘cuello blanco’, sino también el Estado'.
La auditoría forense logró establecer con pruebas documentales que muchas de las personas involucradas en las denuncias y que son empleados de la caja han tenido en los últimos 5 años un incremento patrimonial en sus bienes, por lo que el abogado Héctor Merlano Garrido le solicita a la Fiscalía que actúe frente a esta situación.
