Por Óscar Cuello
'Hemos comprobado que la justicia colombiana falla a favor del que tiene plata, pero jamás vamos a renunciar a nuestros derechos. Acudiremos a instancias internacionales si es necesario', con estas palabras Dairo Romero, líder indígena de la comunidad de Pueblo Flechas, cabildo indígena Unión Matoso, se pronunció sobre el fallo de la Corte Constitucional que libera a la empresa Cerro Matoso de pagar una indemnización por 400 millones de dólares a 3.500 indígenas que presentan enfermedades, aparentemente generadas por la explotación de níquel en la zona.
La mayoría de afectados son residentes del corregimiento Pueblo Flecha, en el municipio de San José de Uré, considerada la población más cercana a la mina con 600 metros de distancia, asentada en la zona desde 1929, cuando indígenas Zenúes de Tuchín y San Andrés de Sotavento, en Córdoba; y de Sampués, en Sucre, se instalaron en la región del San Jorge.
Más de 50 años después, es decir en 1982, comenzó a operar la empresa niquelera calificada hoy como la más grande de Surámerica y la única del país.
Según expertos en la materia, para este año la empresa se ha fijado mantener los estándares de producción que ascienden a 39.000 toneladas de níquel.
En entrevista con EL HERALDO, el líder indígena aseguró que 'hace unos años la empresa Cerro Matoso solicitó un estudio al Instituto de Medicina Legal. Los estudios se les hicieron a 220 miembros del pueblo y los resultados señalaron que las personas tenían un alto grado de níquel en la orina y además evidenciaban daños en su salud, provocados por otros químicos que se utilizan en la labor de la mina'.
Romero agregó que 'hace dos semana se murió un muchacho por tuberculosis severa. La situación de pobreza y enfermedad tiene al pueblo sometido, porque los medicamentos y cuidados van de bolsillo propio. Hemos acudido a médicos y cuando nos revisan, nos señalan que tenemos un problema de contaminación, pero al saber que vivimos junto a la empresa Cerro Matoso, cambian el discurso y nos medican cualquier cosa o mejor se abstienen de opinar'.
'No a la explotación minera'
Por su parte el alcalde de Montelíbano, Francisco Alean, lamentó la decisión de la Corte Constitucional y aseguró: 'Si de mí dependiera, le diría no a la explotación en la mina'.
A pesar de esto, el alcalde le reconoce a la empresa obras como la construcción del Hospital de Montelíbano.
'Diría que no, porque lo que nosotros hemos notado es que el funcionamiento de la empresa atrajo personas de todo el país y para la época Montelíbano, (que era en ese entonces el dueño absoluto de la mina) no tenía la infraestructura para albergar tanta gente. (…)Inicialmente se habló de grandes inversiones, sin embargo, los grandes capitales de dinero y los grandes socios se fueron para las grandes urbes del país', aseguró Alean.
Con relación a los indígenas que padecen las extrañas enfermedades, el alcalde manifestó que no existe un censo concreto que indique el número de personas que han muerto por esta causa o un registro de hombres, mujeres y niños que están enfermos actualmente.
