Con la aprobación de 7.200 millones de pesos, el Gobierno nacional dio luz verde para lo que, al parecer, será la última inversión para la culminación del Puente de Valencia, cuyos trabajos de construcción llevan casi 10 años y solo requiere los accesos.
El anuncio lo hizo la gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, quien agradeció al Ministerio de Transporte por darle el visto bueno al proyecto, que el 4 de octubre será presentado ante el Ocad Paz, para la asignación de presupuestos y procesos licitatorios.
El puente cuenta con el 99% de su superestructura construida, lo que ha representado una inversión cercana a los $20 mil millones, sin embargo, también ha presentado una serie de inconvenientes por lo que algunos estaban dispuestos a incluirlo en la lista de ‘elefante blanco’ en el departamento. Solo se está a la espera de la construcción de los accesos vehiculares y peatonales y las obras de protección en los dos extremos del río, que se espera puedan ser construidas con esta nueva inversión.
Los tropiezos
La obra había contratado con la firma Unión Temporal Alto Sinú, pero luego de varios meses las autoridades de vigilancia y control notaron un incumplimiento en la ejecución de los trabajos.
Según el informe presentado para finales del año 2014 se tenía la expectativa de un avance de al menos el 50 por ciento de lo acordado, pero para sorpresa de las autoridades el contratista solo había logrado construir un solo pilote.
A partir de entonces se inició un litigio judicial por parte de la gobernación de Córdoba para exigir la devolución de los dineros pagados por anticipo al contratista.
En octubre, luego de lograr la devolución, la construcción se le entregó al consorcio San Jerónimo, representado por el contratista Mario Nigrinis Sánchez, quien fue el encargado de los avances en la construcción del puente que conectará con Antioquia a través del Urabá, con la Región Caribe.
Cruzar al otro lado
La construcción del Puente de Valencia se adelanta a orillas del río Sinú, a la altura del corregimiento de Río Cedro, en la vía a Tierralta, donde los viajeros deben atravesar con sus vehículos a través de planchones de madera, lo que retrasa el tiempo de viaje y encarece los costos del transporte.
Las embarcaciones son de propiedad de dos familias y le generan empleo indirecto a otros 70 núcleos familiares.
La tarifa del planchón varía dependiendo el vehículo: motos, $2.000; camionetas, 5000 y tractomulas 12.000 pesos.
