El desplazamiento masivo que se registra actualmente en el sur del departamento de Córdoba ya había sido alertado por la Defensoría del Pueblo desde el mes de noviembre del año pasado, cuando comenzaron a salir del territorio pequeños grupos de personas amenazadas de muerte por negarse al reclutamiento de sus hijos por parte de los grupos ilegales que se comenzaban a reorganizar.
La situación fue puesta en evidencia por Ingrid Rusinque Osorio, Delegada para los derechos de la población desplazada, de la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que hasta el momento se ha logrado el registro de 371 personas que se han desplazado en los últimos días por causa de los enfrentamientos entre el ‘Clan del Golfo’ y las disidencias del frente 18 de las Farc, estas últimas operan en conjunto con la banda criminal ‘los Caparrapos’.
Rusinque Osorio aseguró que 'cabe señalar que este riesgo de desplazamiento masivo ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo, en la alerta temprana N° 083 de noviembre del 2018. Hay que recordar que la misión que realizó el Defensor del Pueblo, en el mes de febrero, en los seis municipios del Bajo Cauca y el sur de Córdoba, había permitido constatar la situación con los líderes de la zona'.
La Delegada para los derechos de la población desplazada sostuvo que 'tras los enfrentamientos, se han afectado a 371 personas. Estamos hablando de 181 menores de edad y 88 mujeres, cuatro de ellas en estado de gestación y más de 100 hombres que se encuentra albergados en un espacio habilitado por Diócesis de Montelíbano'.
En la zona rural del municipio de Puerto Libertador se vienen registrando desplazamientos desde el jueves 21 de marzo, cuando hombres fuertemente armados visitaron las poblaciones entregando un ultimátum para salir de la vereda Santa Rosa.
'De igual manera este lunes hemos recibido información de que han llegado provenientes de la vereda de Río Sucio, en el corregimiento de Juan José, cerca de 230 nuevas personas en condición de desplazamiento, lo que agrava la situación humanitaria', puntualizó Rusinque Osorio.
El albergue habilitado por la Diócesis de Montelíbano, para la recepción de las familias desplazadas está habilitado en el corregimiento de Juan José, en el municipio de Puerto Libertador.
Fuerza Pública realiza sobrevuelos en la zona
Por su parte la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, aseguró que en las zonas afectadas por los recientes hechos de violencia hacen presencia las tropas de la Fuerza Tarea Conjunta Aquiles, con la que se realizan sobrevuelos.
'De igual manera se estableció un comité de Orden Público con presencia del comandante de la Policía de Córdoba, Jairo Baquero Puentes; y el comandante de la Brigada XI, Gabriel Marín, para analizar la situación de orden público', dijo la mandataria.
La Gobernadora agregó que en la zona rural del municipio de Puerto Libertador, y el resto del sur del Departamento se realizan sobrevuelos constantes lo que, según ella, garantiza la seguridad de las familias residentes en las veredas Río Sucio y Santa Rosa, en Puerto Libertador.
'En la zona hacen presencia las fuerzas armadas y hasta el momento no se ha tenido el reporte de nuevos enfrentamientos', sostuvo Devia Ruiz.
Territorios resembrados con minas antipersonales
Andrés Chica, representante legal de la Fundación Cordobexia manifestó que 'la Fuerza Pública tiene que entrar a los territorios, ellos han aludido que no entran porque los territorios están resembrados con minas antipersonales, pero para eso están ellos para atender esa situación en los territorios, de hecho los campesinos alcanzaron a desplazarse con ese riesgo de que los caminos están minados'.
El defensor de Derechos Humanos, Andrés Chica, aseguró que a los desplazamientos que reportó la Defensoría del Pueblo se le deben sumar alrededor de 130 nuevas familias que se han desplazado hasta este miércoles 27 de marzo.
Las familias llegadas al albergue provienen de las veredas La Esmeralda, Flechas, Santa Rosa, Río Sucio, Soledad, Puerto Mutatá, Jagua y San Felipe. Muchas de las poblaciones señaladas no cuentan con vías de acceso vehicular, por lo que los campesinos tienen que arriesgar sus vidas al transitar a pie o a lomo de bestia, por las trochas sembradas con minas antipersonales.
'Los terrenos han sido resembrados desde diciembre del año pasado por el autodenominado Nuevo Frente 18 de las Farc, por lo que las comunidades campesinas no podían entrar ni salir, había incluso un control alimentario y la prohibición de utilizar los teléfonos para hacer llamadas', expresó Andrés Chica.
Según el Defensor de Derechos Humanos, los campesinos habían intentado desplazarse de manera masiva desde el mes de febrero, pero las tropas del ‘Clan del Golfo’ prohibieron la movilización de las familias para evitar llamar la atención de las autoridades.
Chica explicó que 'el sur de Córdoba es una zona de montaña. En la parte alta están las disidencias de las Farc, reguardadas tras extensos campos minados, mientras que en la parte de más abajo, opera el ‘Clan del Golfo’. Ante un eventual ataque en ascenso de las tropas militares, estas tendrían que enfrentar primero a la gente de alias ‘Otoniel’, que operan desde la parte baja'.
Reunión entre Ejército y campesinos desplazados
Entre tanto, en la tarde de este miércoles 27 de marzo, el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, Comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, en compañía del general Óscar Gómez Comandante de la Región 6 de la Policía, estuvieron en el corregimiento de Juan José, de Puerto Libertador.
Los oficiales sostuvieron una reunión con líderes sociales, autoridades locales y presidentes de Junta de Acción Comunal, donde se escucharon las principales inquietudes que existían de lado y lado, especialmente las relacionadas con temas de seguridad y la necesidad de apoyo para el desarrollo de actividades agrícolas.
'Habrá una presencia sostenida por parte de la fuerza pública para permitir un retorno seguro y paulatino de los campesinos a sus parcelas, en donde además se desplegarán por aire y tierra, más tropas con el objetivo de desarrollar operaciones militares que permitan afectar a los grupos armados organizados y contribuir de esta manera a la estabilización de esta región del sur del departamento', manifestó el general Juan Carlos Ramírez.
Durante el encuentro también se acordó que a la zona, llegarán uniformados que apoyen la búsqueda, ubicación y neutralización de posibles minas antipersona y artefactos explosivos instalados por grupos armados organizados, y de esta manera evitar que causen daños a la comunidad.
