En el centro poblado de la comunidad de Simbra, perteneciente al Resguardo indígena Embera Katío del Alto Sinú, permanecen las 143 familias en condición de desplazamiento que huyeron de sus territorios por causa de los enfrentamientos sostenidos entre tropas del Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.
A pesar de los protocolos de seguridad que fueron activados por parte de las autoridades locales, hasta el momento no se ha definido cuándo podrían las familias retornar a sus lugares de origen, por lo que se ha planteado le necesidad de asistir a las familias con alimentación y otros requerimientos de saneamiento básico.
El representante a la Cámara, Andrés David Calle Aguas, manifestó a EL HERALDO que 'este se convierte en el quinto desplazamiento masivo forzado en menos de un mes en el sur de Córdoba. El llamado es al Gobierno Nacional para que reconozca lo que está pasando, que se le preste la asistencia alimentaria y la seguridad a las familias para que puedan estar tranquilas y sobre todo para que puedan retornar a sus territorios'.
El resguardo Simbra, donde permanecen albergadas las nuevas familias en condición de desplazamiento, está ubicado a poco más de cinco horas de distancia del casco urbano de Tierralta, pues para poder llegar a la zona es necesario atravesar la represa de Urrá. Hasta el momento se ha descartado que las víctimas de desplazamiento lleguen hasta el casco urbano de este municipio en la subregión del Alto Sinú.
Calle Aguas, uno de los miembros del comité de apoyo a las familias que recientemente han sido víctimas del desplazamiento, aseguró que 'la situación es muy preocupante porque el Gobierno Nacional no ha prestado la atención debida a estas comunidades, nos ha tocado a nosotros los congresistas a través de la empresa privada y la Gobernación de Córdoba para poder gestionar algunas ayudas y afrontar lo que está viviendo el sur del Departamento'.
Según lo expresado por el Congresista, los recientes desplazamientos en el sur de Córdoba ya se salieron del foco del Departamento y de los municipios. 'Este es un problema de índole nacional porque se trata de grupos de delincuencia organizada, grupos que están teniendo un modus operandi que consiste en desplazar a la gente, apropiarse del territorio para la extracción ilegal de minerales, la siembra de cultivos de uso ilícito y la extorsión', dijo.
Según el reporte entregado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, se trata de al menos 143 familias, equivalentes a 589 personas, pertenecientes a cuatro comunidades indígenas y campesinas, quienes se desplazaron desde la vereda conocida como Chocó.
Voceros de organizaciones de derechos humanos consultados por este medio informaron que los nuevos hechos de desplazamiento en el sur del departamento de Córdoba se vienen registrando desde el 7 de abril, y hasta el momento esas familias han tenido muy poco apoyo.
Este nuevo desplazamiento masivo se suma a los ocurridos desde hace casi un mes en zona rural del municipio de Puerto Libertador, donde más de 2 mil personas permanecen alojadas el albergues improvisados en el corregimiento de Juan José, a la espera de garantías de retorno.
Hasta el momento las autoridades político-administrativas de Córdoba no se han pronunciado ni tampoco lo han hecho los voceros de la Fuerza Pública con relación a las medidas que se tomarán frente a los nuevos hechos de desplazamiento, que en esta ocasión afectan mayormente a comunidades indígenas.
