Momentos de terror vivieron los empleados de las empresa de apuestas Record, en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano, en el sur de Córdoba, donde supuestamente un grupo de hombres en motocicleta se encargó de visitar cada uno de los locales para ordenar el cierre de las casas de apuestas de chance, algo que los funcionarios acataron de inmediato para evitar represalias en contra de su vida.
El hecho, que desencadenó un cierre sistemático de los locales de la citada empresa, habría iniciado desde las 9:00 de la mañana de este martes 23 de abril, pero con el pasar de las horas el temor se dispersó entre las poblaciones, por lo que tuvieron que interceder las autoridades judiciales para tratar de brindar garantías de seguridad.
Según trascendió, las intimidaciones habrían iniciado en de Tierralta, en la subregión del Alto Sinú, cuando hombres en motocicleta, aparentemente miembros de bandas criminales, pasaron por los puntos de venta de chance y les ordenaron a los empleados de cada uno de los puntos Record que tenían cinco minutos para cerrar las oficinas o se atenían a las consecuencias.
Pasado el mediodía se conoció que se cometieron las mismas acciones en los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano, por lo que no hubo servicio de apuestas en el sur del departamento.
Hasta el momento se desconocen las razones que habrían llevado a los grupos al margen de la ley a ordenar el cierre de estos locales. Las autoridades no han responsabilizado a ningún grupo sobre estas acciones en particular.
El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Baquero Puentes, aseguró, a través de un comunicado, que 'la Policía Nacional brindó acompañamiento a los establecimientos comerciales de las localidades en mención, allí los funcionarios manifestaron tener una orden de cierre por parte de las directivas de la empresa'.
Agregó que no se había recibido ninguna denuncia formal por estos hechos; sin embargo, se desplegaron operativos de seguridad especiales en los diferentes establecimientos de comercio 'en aras de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía'.
Hasta el momento las autoridades no han establecido si este nuevo hecho intimidatorio estaría ligado a algún tipo de cobro de extorsión; sin embargo, el coronel Baquero invitó a que en caso de conocer alguna nueva situación sospechosa se denuncie a las líneas 123 o 165 del grupo Gaula.
Las directivas de la emppresa Record no se han pronunciado sobre las recientes intimidaciones reportadas.
Antes hacinados que morir en territorios
Este hecho de intimidación masiva al comercio en los cascos urbanos, ocurre luego de 32 días de que se registraran los desplazamientos masivos en la zona rural del municipio de Puerto Libertador, donde permanecen albergadas más de 2 mil personas que a pesar de las acciones del Ejército y la Policía sostienen que no están dadas las garantías para el retorno a sus poblaciones de origen.
Recientemente la asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, denunció la situación que vivieron dos campesinos que trataron de retornar a la vereda Santa Rosa y fueron agredidos a golpes por sujetos desconocidos que los interceptaron en el camino y los obligaron a regresar a los albergues. Uno de ellos tuvo que ser atendido en el centro de salud del corregimiento Juan José por causa de las heridas recibidas.
De igual manera, el municipio de Tierralta padece desde el 13 de abril el desplazamiento de 143 familias, equivalentes a 589 personas, en su mayoría pertenecientes a la etnia indígena Embera Katío del Alto Sinú, que fueron obligadas a salir de sus territorios para hacinarse en cambuches en el resguardo indígena Simbra, donde esperan el auxilio de los organismos gubernamentales.
Este último hecho de desplazamiento fue denunciado directamente por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, que argumentó que el origen de la movilización se dio por causa de enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados al margen de la ley.
Las autoridades aseguran que en la zona se mantienen los operativos, pero hasta ahora no se ha dado la confianza suficiente entre el campesinado para que se animen a retornar a sus hogares. De igual manera, hay poblaciones que han denunciado el confinamiento por parte de grupos armados que utilizan explosivos para cercar los caminos utilizados en mayor medida por los civiles; situación que ha sido confirmada por las autoridades luego de la desactivación de artefactos explosivos elaborados a base de Anfo.
