Con graves heridas resultó un joven de 16 años, en condición de desplazamiento, quien tenía pocos días de haber retornado junto a sus padres a la vereda Flechas, donde pisó una mina antipersonal que había sido instalada en los caminos utilizados por la población civil, en la zona rural del municipio de Puerto Libertador, sur del departamento de Córdoba.
El hecho se registró a eso de las 6:00 de la tarde de este jueves 25 de abril, luego de que el núcleo familiar decidiera retornar a su lugar de origen, desde donde habían sido obligados a desplazarse el pasado 21 de marzo cuando hombres armados les ordenaron abandonar el territorio.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascscucor, identificó al joven lesionado como Diego Mazo Castrillón, de 16 años, quien tuvo que ser evacuado del área con la ayuda de un helicóptero de la Fuerza Pública, que se encargó de trasladarlo hasta Montería donde permanece internado en un centro médico bajo pronóstico reservado.
De manera extraoficial se supo que la detonación afectó especialmente la pierna derecha del joven, por lo que los médicos no descartan que sea necesario recurrir a la amputación. En reiteradas ocasiones EL HERALDO ha denunciado el uso de artefactos explosivos por parte de grupos al margen de la ley, que se valen de este tipo de herramientas para intimidar y confinar a la población civil en los territorios del sur de Córdoba.
Denuncian falsas garantías de retorno
'Es lamentable que la vida e integridad de los campesinos y campesinas del sur de Córdoba siga estando en juego (…), creyendo el ilegitimo componente de seguridad anunciado por el Ejército Nacional y la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz', manifestó José David Ortega, vocero de Ascscucor.
Ortega explicó que el núcleo familiar del joven lesionado había decidido regresar a su territorio en días atrás, movidos por los mensajes de supuestas garantías de retorno y agobiados por la crítica situación de hacinamiento que viven en los albergues construidos en el corregimiento Juan José, zona rural de Puerto Libertador.
'Ante las precariedades en los albergues, algunos campesinos han preferido creer en las falsas garantías ofrecidas por los entes gubernamentales, algo que ya se ha comprobado que pone en riesgo a la población, pues aún las garantías de retorno no están dadas', sostuvo el líder campesino.
Según se pudo conocer, el joven Diego Mazo caminaba por un camino de herradura que está cerca a la quebrada Zabaleta, en la vereda Flechas, cuando activó la mina antipersonal que le afectó las piernas en gran medida. El lugar de los hechos limita con el municipio de Ituango, en el norte del departamento de Antioquia.
De igual manera, la asociación campesina solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía que investigue y concurra en las sanciones a que diera lugar a la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz y el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, a quienes responsabilizan de haber generado una sensación de seguridad falsa que, según ellos, llevó a la familia del menor Diego Mazo Castrillón a retornar sin las garantías de seguridad.
Ejército señala al Clan del Golfo
El coronel Gabriel Fernando Marín Peñalosa, comandante de la Brigada XI, adscrita a la Séptima División del Ejército, informó que 'el artefacto explosivo fue puesto por la subestructura Rubén Darío Ávila, del Clan del Golfo, con el objetivo de atacar a la comunidad y a la Fuerza Pública de esta zona'.
Según la información revelada por el coronel Marín Peñalosa, 'el menor herido recibió los primeros auxilios por los enfermeros de combate en una base militar cercana y posteriormente fue evacuado en un helicóptero militar medicalizado y acondicionado para atender esta clase de emergencias'.
A la zona donde ocurrió el incidente con el artefacto explosivo, fueron enviadas más tropas, con el objetivo de ubicar y neutralizar la posible presencia de más minas antipersona. De igual manera tratan de ubicar a los responsables de esta acción.
'Este hecho demuestra, una vez más, el desprecio por la vida y un claro irrespeto del grupo armado organizado Clan del Golfo por los Derechos Humanos, empleando esa clase de armas no convencionales de manera indiscriminada', puntualizó el comandante Marín Peñalosa.
Hasta el momento ni la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz y ni el general Juan Carlos Ramírez, se han referido a la petición de Ascscucor, con relación a la investigación disciplinaria solicitada a la Procuraduría.
