Dos beneficiarios del Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, fueron asesinados en medio de una incursión armada, perpetrada por sujetos que, según las denuncias, congregaron a varios miembros de la población en una zona comunal y posteriormente cometieron el doble crimen ante la mirada impotente de todos los presentes.
El hecho, que además habría desencadenado el desplazamiento de varias familias, se registró en la tarde de este jueves 23 de mayo, en el corregimiento Brazo Izquierdo, en zona rural del municipio de San José de Uré, al sur del departamento de Córdoba.
Las víctimas mortales fueron identificadas de manera preliminar como Jader Polo y Jader Pertuz, ambos de 24 años de edad.
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, informó que los hombres armados se identificaron como miembros de la banda criminal ‘los Caparrapos’, quienes habrían tomado represalias contra la comunidad civil por causa del ingreso de la fuerza pública a la zona.
Mediante un comunicado, la citada organización campesina manifestó que 'exigimos al Ministerio del Interior la eficaz implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, que fue priorizado el año anterior para el municipio de San José de Uré'
Según la denuncia elevada por Ascsucor, se trató de unos 10 hombres fuertemente armados, que portaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares, quienes mediante amenazas sacaron a los pobladores de sus casas mientras les apuntaban con sus fusiles.
'Sacaron de sus hogares forzosamente a todas las familias que viven en la zona céntrica del corregimiento, apuntando con sus armas a los civiles, sin importar si eran niños, adultos mayores, personas en discapacidad o mujeres en embarazo. A la gran mayoría los acostaron al suelo, insultándoles, amedrentándolos con amenazas de muerte. Posteriormente asesinaron a sus víctimas', indican los voceros campesinos.
En sus exigencias al Ministerio de Interior, los campesinos hacen referencia al decreto 660 del 2018, enmarcado en el Acuerdo final para la Paz, mediante el cual el Gobierno Nacional podría establecer una secuencia de acciones para la coordinación, articulación e implementación de medidas integrales de prevención, protección y seguridad con las comunidades y organizaciones.
De igual manera la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, al igual que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, que ingresen al territorio para brindarle atención profesional a las familias que se habrían desplazado a raíz de doble crimen.
Por su parte la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, manifestó que 'tuvimos conocimiento de un doble homicidio perpetrado al parecer por la banda de ‘los Caparrapos’. La fuerza pública hizo presencia en la zona y se encargó del levantamiento de los cuerpos'.
De igual manera se supo que se iniciaron las labores pertinentes para realizar un censo y poder establecer el número de familias que se habrían desplazado de sus territorios por causa del pánico que generó este hecho de sangre.
La mandataria explicó que en las zonas de terreno el Ejército no se encuentra fijo en un solo lugar, sino que se encuentra patrullando por diferentes sectores del área. 'En la zonas rurales la fuerza pública no puede estar permanente en un mismo sitio, la tropa no puede ser fija sino móvil. Sin embargo, ellos tienen acciones de manera contundente en el área, obviamente a raíz del accionar de la fuerza pública se generan coletazos y retaliaciones que generan este tipo de acciones que lamentamos', puntualizó la mandataria.
Desde finales del año pasado el sur del departamento de Córdoba es disputado por los grupos al margen de la ley en su afán por el control de los cultivos ilícitos. El denominado 'Clan del Golfo' mantiene una guerra contra 'los Caparrapos' que operan con el apoyo de las disidencias del frente 18 de las Farc.
