Con detención domiciliaria fue cobijado el exsecretario de Salud de Córdoba, Alfredo Aruachán Narváez, quien había sido recapturado luego de que la Fiscalía asegurara que tenía pruebas que lo vinculan con el desvío de alrededor de $3.000 mil millones de pesos a través del cobro de falsos procedimientos de ortodoncia, en lo que la Procuraduría General de la Nación denominó el ‘Cartel de las Chapas’.
Aruachán Narváez gozaba del beneficio de casa por cárcel tras haber sido procesado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por acción y peculado por apropiación, en el marco del llamado ‘Cartel de la Hemofilia’, que permitió el desfalco de $45 mil millones de pesos del presupuesto de la Gobernación de Córdoba.
El nuevo procedimiento judicial se llevó a cabo en la tarde de este jueves 4 de julio, en la sala 4 del Palacio de Justicia de Montería, ubicado en la calle 27 con carrera 2, en pleno centro de la capital cordobesa.
El exsecretario de Salud había sido capturado el pasado 27 de junio, es decir la semana pasada, por unidades del CTI de la Fiscalía que habían llegado procedentes desde Bogotá directamente a su vivienda, en el municipio de Sahagún, donde gozaba del beneficio de detención domiciliaria.
En este nuevo procedimiento contra Aruachán Narváez se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
El juez del caso consideró que Aruachán Narváez ya no representaba un peligro para el proceso judicial por estar desvinculado de su anterior cargo. Entre las condiciones de libertad que pesan contra el indiciado están la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con otros investigados por estas investigaciones.
Además de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación también había puesto la lupa en torno al denominado ‘Cartel de las Chapas’, en el que también estarían vinculados otros exsecretarios de Salud de Córdoba como Alexis José Gaines Acuña, y Edwin Preciado Lourdy.
Los tres funcionarios en mención hicieron parte de la administración del polémico exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, procesado por múltiples hechos de corrupción durante su mandato, y hoy permanece colaborando con la justicia de los Estados Unidos, en el denominado ‘Cartel de la Toga’, mediante el cual se obtenían beneficios judiciales a través del pago de coimas a funcionarios de la justicia colombiana.
En la más reciente visita al departamento de Córdoba, el procurador Fernando Carrillo Flórez, indicó que 'lo que se busca determinar si el exgobernador pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente omitir el deber de vigilancia y control sobre los acuerdos contractuales adelantados entre junio y octubre del 2014, por los secretarios de salud de la época, con la IPS Maxilofacial de Córdoba S.A.S, Mauricio Javier Bermúdez Ramos, la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, y Odontológica I.P.S S.A.S'.
Carrillo Flórez continuó diciendo que 'así mismo, se espera determinar si los secretarios de salud pudieron incurrir en irregularidades contractuales al reconocer y pagar 5 resoluciones a favor de la IPS FM Maxilofacial de Córdoba S.A.S, por valores superiores a los $1.500 millones de pesos; una a favor de Mauricio Javier Bermúdez Ramos, por la prestación de servicios especializados a 37 pacientes con patologías no POS, por $ 430.759.439; una resolución a favor de Odontológica I.P.S S.A.S, por $308.624.907, y un último acuerdo, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta, por $ 535.598.582 pesos', puntualizó el director del Ministerio Público.
Al finalizar la diligencia el exsecretario fue conducido a su vivienda en el municipio de Sahagún donde seguirá recluido mientras se definen los dos procesos judiciales en su contra.
