A pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, algunos líderes sociales consideran que es poco o nada lo que desde las alcaldías y demás entes estatales se viene realizando para prevenir los hechos de vulneración a la integridad de las personas que ejercen liderazgo social en los territorios, como ocurrió con María del Pilar Hurtado Montaño, asesinada frente a dos de sus cuatro hijos en Tierralta.
En el último año la Defensoría del Pueblo ha emitido las alertas tempranas N° 026-18 del 28 de febrero del 2018 y N° 083-18 del 25 de noviembre del 2018, con las que se conmina especialmente a las alcaldías a que se adopten medidas de prevención que permitan garantizar la integridad de los líderes sociales en Córdoba.
José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, sostiene que a las alertas tempranas no se les está prestando la atención que merecen.
'Hay que prevenir que no sucedan hechos que lamentar en torno a los líderes sociales y el resto de la población civil. No es que se van a atender las alertas cuando ocurran los asesinatos. Porque los alcaldes no le están prestando la atención que debe prestarse y por eso suceden los crímenes en los municipios', indicó el vocero de Ascsucor.
En las mencionadas alertas se hacía referencia puntual a los municipios de Ayapel, Buenavista, Canalete, Ciénaga de Oro, La Apartada, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Tierralta, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, donde la Defensoría del Pueblo percibió riesgos en la integridad de la población.
'Con el asesinado de María del Pilar Hurtado, desde la Comisión de Derechos Humanos y desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, tenemos un registro de 32 líderes asesinados en el departamento en hechos ocurridos desde el año 2016 hasta el 2019. De esos tenemos siete en Tierralta; cinco, en San José de Uré y el resto están distribuidos en diferentes municipios del departamento', sostiene el vocero campesino.
Cabe recordar que en el mes de marzo del año 2017 la Defensoría del Pueblo también se había emitido una alerta de riesgo a través del oficio N° 010-17 A.I. del 30 de marzo del 2017 por causa de la presencia de grupos armados organizados que intimidan a la población civil mediante panfletos, grafitis, reclutamiento forzado y homicidios selectivos.
Una medida ejemplar
Recientemente fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación el alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez. El mandatario estará separado del cargo de manera provisional por tres meses, en el marco de una investigación disciplinaria que le sigue en su contra por los hechos que habrían trascendido en el asesinato de María del Pilar Hurtado, quien residía en una zona de invasión en Tierralta.
'Todo aquello que permita esclarecer la muerte de los líderes sociales es una acción bienvenida. Pedimos que la Procuraduría ponga la lupa a los entes territoriales que no acaten las alertas puntuales. Esperamos que se pueda llegar hasta los autores materiales e intelectuales del asesinato de María del Pilar Hurtado', sostuvo.
Según lo que se ha explicado desde el ente de control, la investigación se realiza en contra de Otero Avilez con la finalidad de establecer el manejo que desde la administración municipal se le dio al tema de invasiones a predios particulares por parte de unas 200 familias en Tierralta, entre las que supuestamente se encontraba María del Pilar Hurtado Montaño, reconocida como lideresa natural.
'Las amenazas contra los líderes sociales en Córdoba son hechos que se han denunciado desde hace mucho tiempo, pero que las autoridades han hecho caso omiso a eso. Esto se ha dicho en las mesas territoriales, en los consejos de paz e incluso la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo que corren las comunidades', puntualizó José David Ortega.
