Con el pasar de las horas se conocen nuevas denuncias sobre el desplazamiento de familias campesinas e indígenas en los municipios del sur de Córdoba donde los grupos al margen de la ley mantienen una puja por el control del territorio.
Uno de los casos fue denunciado en la noche de este martes 16 de julio, en el municipio de San José de Uré, subregión del San Jorge; y el otro foco de desplazamiento se registra en la zona rural de Tierralta, ubicado en la subregión del Alto Sinú. Ambas localidades al sur del departamento.
La fundación defensora de los derechos humanos Cordoberxia asegura que se trata de alrededor de 12 familias que se vieron forzadas a abandonar sus territorios en la vereda El Cerro, en el municipio de San José de Uré. La misma población donde hace menos de dos semanas fue decapitado el campesino Manuel Ozuna Tapia.
Según el reporte entregado por la fundación social muchas más familias se van a desplazar, huyendo de la muerte, procedentes de Batatalito, comunidad equidistante a la vereda El Cerro ya que hay fuerte presencia tanto del ‘Clan del Golfo’ y ‘los Caparros’. 'Los campesinos temen por sus vidas e integridad en el marco de una posible confrontación de estos actores beligerantes y que en ese orden de ideas cobre vidas civiles', indica el comunicado.
Este grupo de familias se suma al desplazamiento masivo que se viene registrando en zona rural del municipio de Tierralta, el cual es atendido por la Gobernación de Córdoba, donde un grupo indeterminado de indígenas pertenecientes a la etnia embera katío abandonó la población de Chimiadó.
'Estos hechos son desde luego una infracción al DIH, por tanto se insta a la Fiscalía General de la Nación y en específico a su ‘grupo élite’ para que de manera coordinada con la Operación Aquiles impartan justicia y hagan lo necesario para que impere la ley y las libertades constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de este corregimiento azotado por la violencia perpetrada por actores armados ilegales', indicó la fundación Cordoberxia.
La Gobernación de Córdoba sostiene que en las poblaciones antes mencionadas se están realizando las verificaciones de la mano de la Defensoría del Pueblo y las alcaldías para establecer el estado y la localización de las familias que podrían estar en condición de desplazamiento.
Estos hechos de desplazamiento se suman a los acontecidos a inicios de este año, en el corregimiento de Juan José, zona rural del municipio de Puerto Libertador, donde más de 2.000 mil personas llegaron en el mes de marzo en busca de refugio. Una situación similar se registra en el resguardo indígena Simbra, en Tierralta, donde permanecen instaladas unas 143 familias precarias condiciones, sin que hasta el momento se le brinden garantías de retorno.
