'Hemos hecho la reclamación a los respectivos recursos, pero la Contraloría tiene que abrir las indagaciones preliminares que corresponden para poder encontrar los presuntos responsables fiscales de manera individual', con estas palabras se refirió la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, a la investigación que inició el ente de control en contra de los tres últimos gobernadores del Departamento.
Se trata del Convenio Especial de Cooperación No. 734 de 2013, correspondiente a una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba y La Guajira) en la cuenca del Río Sinú, ejecutado por la Corporación Áreas Naturales Protegidas, ANP, y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif, el cual no se ejecutó aunque se giraron alrededor de $29 mil millones de pesos .
La mandataria continuó diciendo que 'nosotros en lo que corresponde a nuestra gestión, ya se hizo la solicitud a la aseguradora para que devuelva los recursos que corresponden al valor y al detrimento patrimonial'.
La Contraloría informó este martes 10 de septiembre que investiga a la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia y a los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, al establecer un hallazgo fiscal de $45.083 millones, relacionado con un contrato de investigación de ciencia y tecnología donde se pagaron unos $29 mil millones a pesar de que no fue ejecutado, y donde apenas se han recuperado algo más de $4 mil millones.
Para el caso de la gobernadora Devia Ruiz, las investigaciones estarían relacionadas con una aparente omisión de su parte en cuanto a la realización de los cobros coactivos. 'Eso fue un contrato agroecológico, firmado en la época de Alejandro Lyons, cuando yo llegué, ya estaba el contrato liquidado y lo que hicimos fue cobrar las pólizas, se liquidó el contrato unilateralmente', sostuvo la actual gobernadora, quien asumió el mandato a inicios del año 2018, cuando el exgobernador Edwin Besaile, fue separado del cargo por su presunta participación en el cartel de la Hemofilia.
'Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados', indica la Contraloría
El ente de control fiscal recordó en un comunicado que el objeto del proyecto, contratado por Lyons, era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación y mejoramiento de la cuenca del río. Su sucesor, Besaile, debido a que nunca se cumplió el objeto del contrato, decidió a mediados de 2017 liquidarlo y ordenar la devolución de los dineros pagados con sus respectivos intereses.
'Los dineros están en reclamación, pero entiendo que la Contraloría tiene que abrir las indagaciones preliminares que correspondan. Nosotros hicimos lo que nos corresponde la solicitud a la aseguradora para que devuelva los recursos que corresponde al valor del detrimento patrimonial', puntualizó Sandra Devia.
Para el exgobernador Alejandro Lyons Muskus, la nueva investigación fiscal se suma a otra media docena de procesos judiciales en su contra por presuntas irregularidades en la administración del erario público durante su mandato 2012 - 2015.
