A pesar de las críticas expresadas por la Procuraduría General de la Nación, fue ratificado el fallo judicial que ordena la continuidad del alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez, quien había sido suspendido por tres meses de manera provisional tras la apertura de las investigaciones en torno a una presunta omisión por parte de la institucionalidad, lo que habría desencadenado el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años.
La mujer fue asesinada delante de uno de sus cuatro hijos, en la mañana del 21 de junio de este año en el barrio 9 de Agosto, de Tierralta, algo que para el ente de control fue considerado como una aparente omisión de las autoridades frente a las supuestas amenazas que Hurtado Montaño habría estado recibiendo por su condición de lideresa en el territorio.
La decisión fue tomada por la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería, quienes ratificaron de esta manera el fallo de tutela emitido por el Juzgado Segundo del Circuito Penal de Montería que dejaba sin piso algunas de las consideraciones emitidas desde la Procuraduría.
Radicación de tutela bajo la lupa
Cabe indicar que la investigación disciplinaria contra Otero Avilez continúa, pero el mandatario se defenderá desde su cargo, algo que en su momento fue calificado por la Procuraduría como un riesgo, pues consideró que el mandatario podría incidir en el material probatorio que se pueda obtener en el marco del proceso iniciado por la muerte de María del Pilar.
Precisamente la radicación de esta tutela, que fue fallada a favor del alcalde Otero Avilez a finales del mes de Julio, es objeto de investigación por parte de la Procuraduría y las directivas de la Rama Judicial, luego de considerar que se había viciado el reparto de este recurso judicial, tras sortearse entre cinco juzgados en menos de 10 minutos, algo que fue calificado como sospechoso por el ente de control disciplinario.
Por el sospechoso reparto de la tutela es investigado Alejandro Beltrán Sotomayor, auxiliar administrativo grado 3, quien según las autoridades se habría encargado de radicar la cuestionada tutela en el sistema utilizado por la Rama Judicial para este tipo de procedimientos.
