Fue desarticulada en Nariño una red de corrupción con los contratos de la paz del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que tenía un tentáculo en el departamento de Córdoba.
Se trata del segundo grupo dedicado a desfalcar los recursos destinados al posconflicto, tras las actividades conocidas dentro del caso de Marlon Marín, conocido hace un par de meses.
Fueron detenidos en esta oportunidad los alcaldes de La Tola, Federman Riascos Lerma; de El Charco, Milton Cuero Tejada; y de Mosquera, Johan Vásquez Moreno, junto al consejero de paz de La Tola, Cristóbal Ortiz Barahona; el contratista Eduardo Ghysais Vitola, aprehendido en Montería, y otros cuatro presuntos articuladores.
'Los cinco particulares habrían entregado dádivas para gestionar irregularmente contratos ante diferentes entidades del Estado y alcaldías municipales con el objeto de realizar aparentes proyectos productivos del posconflicto y de atención a las poblaciones vulnerables', se lee en el comunicado conjunto de la Fiscalía, los ministerios del Interior y de Defensa, así como la Policía y el Ejército.
Los cargos imputados fueron los de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
La red, que operaba desde 2017, trabajaba con las propuestas presentadas por los contratistas, destinadas a aparentes proyectos productivos y planes de atención a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas.
'Los elementos probatorios dan cuenta que, después de la adjudicación de los convenios, la organización criminal retribuía a los funcionarios y alcaldes con un porcentaje del valor total de los contratos recibidos'.
Los detenidos fueron identificados como José Ramón Correa Martínez, presunto cerebro del esquema de corrupción, quien cayó en Bogotá; Eduardo Alfredo Ghisays Vitola, supuesto financiador, capturado en Montería; Milton Cuero Tejada, alcalde de El Charco, detenido en Palmira, Valle; Johan Velásquez Moreno, alcalde de Mosquera, detenido en Pasto; Federman Riascos Lerma, alcalde de La Tola, capturado en Pasto; Cristóbal Ortiz Barahona, consejero de paz de La Tola; Mauricio Alexander Quintero Bonilla, ingeniero contratista de la Alcaldía de El Charco; Wilmar Caicedo Campaz, contratista; y Javier Castro Garcés, arquitecto, contratista.
El juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a ocho de los procesados y se abstuvo de imponer medida al alcalde de Mosquera.
Finalmente, las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer la posible participación de más personas y funcionarios, así como otros frentes de contratación y presunta financiación de campañas políticas.
