Un componente especial gubernamental será el encargado de brindarle atención a las familias en condición de desplazamiento que llegaron hasta el casco urbano del municipio de San José de Uré, en busca de refugio tras recibir amenazas por parte de un grupo de hombres armados, al parecer, disidencias de las Farc.
Al término del Comité de Justicia Transicional se establecieron estrategias de atención social a las familias en condición de desplazamiento, especialmente en todos los componentes de salud, educación, atención psicosocial y habitad, entre otros.
La atención estará a cargo de la Alcaldía de San José de Uré, con el apoyo de la Gobernación de Córdoba y la Unidad de Atención para las Víctimas para la entrega de ayudas especialmente en el tema de la alimentación de las familias en condición de desplazamiento.
El nuevo caso de desplazamiento se comenzó a registrar desde el martes en las horas de la mañana cuando en la comunidad Embera Dochama Altos de Uré, ubicada en la vereda Batatalito, corregimiento Versalles, del municipio de San José de Uré, hicieron presencia alrededor de 10 sujetos armados, que supuestamente portaban brazaletes distintivos de la antigua guerrilla de las Farc.
Con base en las denuncias de las familias indígenas, los sujetos argumentaron que la orden que tenían era de asesinar a varios representantes de esa comunidad, pero por causa de la presencia de niños y adultos mayores, les perdonaron la vida con la condición de que abandonaran este sector en la subregión del Alto San Jorge, al sur del departamento de Córdoba.
Este nuevo hecho tiene en alerta a las autoridades en el departamento de Córdoba, aunque no es el primer caso de desplazamiento, pues en lo que va corrido de este año se han presentado 10 desplazamientos masivos: 5, en San José de Uré; 4, en Puerto Libertador; 1, en Tierralta.
Algunas de las familias desplazadas fueron alojadas en casas de familiares, conocidos y en algunas iglesias que prestan apoyo voluntario en este tipo de emergencias.
La Unidad para las Víctimas entrego kit de emergencia conformado por colchonetas, ollas, cobijas, platos, entre otros implementos, los cuales ya están siendo utilizados por estas familias que se desplazaron al casco urbano del municipio, y se asentaron en la Alcaldía.
La directora territorial de Córdoba, Mareila Burgos, rechazó la situación presentada en este municipio y expresó que 'reprochamos rotundamente estos hechos violentos que llevan a que nuestras poblaciones indígenas se desplacen, violando así sus derechos y la tranquilidad de toda una comunidad'.
La directiva continuó diciendo que 'desde la Unidad para las Víctimas estamos comprometidos con brindar el apoyo y ayudas necesarias para darle solución a esta situación, trabajamos para mitigar las necesidades de las familias en condición de desplazamiento'.
En el marco del Comité de Justicia Transicional también participaron el Ejército, la Policía y la Defensoría del Pueblo, que analizan la implementación de estrategias para brindar garantías de seguridad a las familias recientemente desplazadas.
De otra parte, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, aseguró que en la zona hacen presencia las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que se encarga de mantener la seguridad y evitar nuevas incursiones armadas por parte de los grupos al margen de la ley.
Cabe indicar que inicialmente las autoridades habían considerado que las amenazas contra la población civil en esta localidad habían estado relacionadas con la negativa de algunos campesinos de participar en el paro de este 21 de noviembre, aunque tras el trascurso de las horas; la hipótesis que más fuerza ha tomado es la que indica que los grupos armados obligaron al desplazamiento para apropiarse de los terrenos.
En la zona sur del departamento de Córdoba hacen presencia las disidencias del frente 18 de las Farc, que trabajan en conjunto con la banda criminal ‘los Caparros’, y sostienen una guerra a sangre y fuego con el ‘Clan del Golfo’.
